El Gobierno de Ciudad de México repartió ivermectina a miles de pacientes de covid-19, a pesar de que su uso no está aprobado para el tratamiento del coronavirus por las autoridades regulatorias del país. La política pública y un estudio firmado por funcionarios ha desatado un escándalo protagonizado por la Administración de Claudia Sheinbaum, que invirtió más de 29 millones de pesos (alrededor de 1,4 millones de dólares) para incluir el fármaco en kits médicos que se repartieron a la población a finales de 2020. El Gobierno defiende, ante las voces que piden la renuncia de los involucrados, que la decisión se tomó con la información que estaba disponible hace dos años y defendió que hay evidencia científica que respalda el tratamiento de la covid con ivermectina. Las autoridades han sido señaladas por problemas éticos al evaluar la política pública sin obtener un consentimiento informado de los participantes, no declarar conflictos de interés previo a hacer la publicación y sesgos metodológicos para justificar el reparto del medicamento.
El reparto de ivermectina, autorizado para su uso veterinario y en seres humanos como desparasitante y el tratamiento de algunas infecciones, emergió a la superficie tras una investigación que publicó la semana pasada la periodista Dalila Sarabia en el portal Animal Político. El texto documentó el uso de recursos públicos: los 29 millones de pesos se utilizaron para comprar la 293.000 cajas de ivermectina, 100.000 de ácido acetilsalicílico (el compuesto de las aspirinas) y 93.000 de azitromicina, un antibiótico que también se ha desaconsejado para el tratamiento de la covid. De esa información se desprende que por lo menos unas 200.000 personas participaron en el estudio. La entrega de los kits médicos, según el reportaje, comenzó en diciembre de 2020 y pretendía demostrar que aquellos pacientes que recibían el fármaco eran menos propensas a empeorar y hospitalizarse que quienes no lo recibían. No está claro si los kits se entregaban sin indicaciones sobre el uso de los medicamentos que incluían.
La polémica sobre el uso de ivermectina en pacientes de covid tiene un recorrido largo. Desde junio de 2020, apenas unos meses después de que se declarara la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó los tratamientos con ivermectina para infectados con coronavirus, después de que un estudio publicado en Australia sugiriera que era efectiva para inhibir la replicación del virus in vitro. En ese momento de la epidemia aún no se había autorizado ninguna vacuna y farmacéuticas y autoridades de todo el mundo buscaban medicamentos accesibles, que ya estuvieran en circulación y que pudieran ayudar en el tratamiento de la covid-19.
La OMS dijo que no había evidencia suficiente para probar que fuera efectiva y acusaba sesgos en la información recopilada. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), la agencia reguladora de EE UU, ha dicho que su ingesta en grandes cantidades es peligrosa y ha señalado que los riesgos sobrepasan los supuestos beneficios. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la autoridad epidemiológica de ese país, también han advertido sobre su uso, al igual que la Agencia Europea del Medicamento. En México, Hugo López-Gatell, el funcionario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a cargo de la respuesta frente a la pandemia, también ha sido enfático en contra del uso de la ivermectina para los casos de covid. “La ivermectina se está usando incorrectamente para el tratamiento de la covid-19, sin ninguna evidencia científica de su eficacia y seguridad para el tratamiento de esta enfermedad”, decía un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud que compartió López-Gatell en septiembre de 2020.
A pesar de esta evidencia, la Agencia Digital de Innovación Pública, la Secretaría de Salud local y el Instituto Mexicano del Seguro Social buscaron probar la efectividad de la ivermectina, que no estaba originalmente contemplada en los kits médicos repartidos por las autoridades, y seguir los pasos de ciudades en Brasil e India, entre otros países, que también compraron el medicamento y lo distribuyeron. También se apoyaron en declaraciones del ganador del Nobel de Medicina en 2018, Tasuku Honjo, que alentaban a seguir investigando la efectividad del fármaco. Lo llamaron un análisis “cuasi experimental”. “Aquí lo importante realmente es validar que la política pública que implementó la Ciudad de México de manera masiva, (…) el kit médico, fue un factor importante en la reducción de ingresos hospitalarios y, por supuesto, de posibles defunciones”, dijo José Merino, titular de la ADIP, en declaraciones hechas en mayo pasado citadas por Animal Político.
Merino, con una larga trayectoria como académico antes de unirse al Gobierno de Sheinbaum, es uno de los autores del estudio publicado hace más de un año, en el que también figura la secretaria de Salud, Oliva López y Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la ADIP. El portal SocArXiv, que alojaba la publicación, decidió retirarla la semana pasada, al alegar que contenía “información errónea” y que fue recopilada de manera “poco ética”. Merino repudió la decisión y la calificó de “colonialista” y “autoritaria”.
El titular de la ADIP agregó que el escrutinio al que se ha sometido a la publicación es prueba de que no hay nada que esconder y calificó de “histeria” y “falso escándalo” las críticas hechas a su investigación. “Fue una mala política y poco ética”, reafirmó el sociólogo Philip N. Cohen, director de SocArXiv. Cohen explicó que se alentó un estudio más profundo de la ivermectina, lo que no equivale a su distribución masiva: “No hubo nunca una buena razón para la distribución masiva de este medicamento, y muchas razones para ser escéptico u oponerse”.
Saúl Caballero, uno de los coautores del estudio, sí se retractó de los resultados y de las consecuencias de la investigación. “Aplaudo y apoyo la decisión de Cohen y SocArXiv de retirar el artículo científicamente falso”, escribió este lunes Caballero, que se desempeñaba como director de Análisis de Datos en la ADIP hasta mediados del año pasado, en su cuenta de Twitter. Los otros seis coautores han firmado una carta en donde ratifican el análisis y niegan que sea de “mala calidad”.
La discusión académica se ha convertido en un escándalo político. Los opositores Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano (MC) anunciaron que iban a demandar a Merino y a Shienbaum por el reparto de ivermectina y su pago con recursos públicos. “Decidieron utilizar a los ciudadanos como ratones de laboratorio”, acusó Royfid Torres, coordinador de MC en el Congreso local, y lamentó que esto se diera en el pico más grave de la pandemia en México. A pregunta expresa de este diario, un portavoz de la Fiscalía de Ciudad de México dijo que iba a confirmar si se había abierto una investigación o no tras las revelaciones periodísticas sobre el uso de ivermectina.
“No se trató de un experimento como dolosamente se ha manejado en algunos medios”, señaló la Secretaría de Salud de Ciudad de México en un comunicado. Las autoridades sanitarias dijeron que ya no se incluye en los kits médicos desde septiembre pasado y rechazó que hubiera riesgos considerables para pacientes leves y moderados de covid por el uso de ivermectina. Dijeron que no podía hablarse de la ivermectina como un “tratamiento experimental” porque se había aprobado hace 30 años para otros tratamientos y no reconocieron ningún error o crítica al estudio que realizaron. Desde su perspectiva, se ha sacado de contexto la evaluación de una política pública.
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