España ha sido condenada en diferentes ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al omitir u olvidar realizar investigaciones eficaces ante múltiples casos de torturas
Las numerosas denuncias y sus múltiples estudios que señalan la existencia de un contexto de abusos policiales hacia personas detenidas o custodiadas por la policía en España son extraordinariamente altas.
En el trabajo de investigación editorial de este medio de comunicación, hemos abierto una investigación periodística a raíz de diversas denuncias de malos tratos policiales que se han acumulado en los últimos meses en especial al sur de España que incluyen los maltratos a extranjeros, en solo este ramo, Informacion.Center ha tenido acceso a 60 denuncias firmadas por internos de un mismo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Abogados que trabajan en el turno de oficio penal han llegado a manifestar públicamente que, como fruto de su trabajo en el turno de oficio penal, han podido constatar que “la policía maltrata a los detenidos de manera sistemática durante la detención: desde el momento en que se produce la detención, durante la conducción, en los calabozos (o celdas)… y no solamente de forma física. [La policía] No solo les golpea [a los detenidos], sino que les veja, les insulta y les humilla” (esta afirmación la realiza una abogada del turno de oficio penal, miembro de una asociación de abogados, en el programa Salvados emitido por La Sexta).
El conjunto de denuncias efectuadas en relación a la existencia de abusos policiales resulta especialmente verosímil, ya que las mencionadas denuncias se han reiterado, con excesiva frecuencia, a lo largo del tiempo.
España ha sido acusada de manera reiterada de violar flagrantemente el artículo 3 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en su vertiente procesal debido a la ausencia de una investigación efectiva respecto a las denuncias de malos tratos formuladas por los demandantes.
Múltiples ONG’s vienen señalando la posible existencia de abusos policiales desde hace años y muchas de esas denuncias provienen de denunciantes que no se conocían entre sí y que ni siquiera habían coincidido en el tiempo en los lugares e instalaciones policiales en las que supuestamente se habrían producido las supuestas agresiones y abusos policiales denunciados.
Sin embargo, y a pesar de que las denuncias formuladas proceden de muy diferentes denunciantes, que no se conocían entre sí, coinciden en aspectos muy significativos, como pueden ser las técnicas de agresión supuestamente empleadas (por ejemplo, en muchas de esas denuncias se hace referencia a posibles técnicas de asfixias momentáneas, apretando y aflojando el cuello de forma repetitiva) y las circunstancias y lugares en que se producen esos supuestos abusos policiales en España.
Buena parte de los hechos denunciados transcurren y tienen lugar precisamente en espacios y lugares donde curiosamente no existen dispositivos de videograbación, aun con las numerosas denuncias sobre malos tratos y abusos policiales en determinados escenarios e instalaciones policiales, es increíble que en España no se hayan establecido, por parte de la Administración, mecanismos de control (especialmente de grabación) para evitar esos malos tratos denunciados o, en su caso, para desmentir la existencia de esos supuestos malos tratos y abusos policiales ya que, si los mismos no existen, la Administración sería la primera interesada en despejar toda sombra de duda al respecto lo cual no ha ocurrido.
Por ejemplo se señala la posible existencia de abusos policiales en las instalaciones policiales del Aeropuerto de Barajas (Madrid), cómo es posible que a los extranjeros que se encuentran en esas instalaciones policiales (bien a la espera de su embarque para ser expulsados de España o bien una vez que vuelven a esas instalaciones policiales tras un intento fallido de expulsión), se les siga manteniendo en espacios sin cámaras de grabación.
La simple instalación de dispositivos de videograbación permitiría desmentir las reiteradas denuncias de posibles malos tratos producidos en esas instalaciones (en el caso de que esas denuncias fuesen realmente falsas), mas bien a la Autoridad no le interesa adoptar las medidas necesarias para evitar muchas de las denuncias formuladas por abusos policiales porque esto “afecta su productividad”.
La fundacion FAPDH, una ONG de defensa de los derechos humanos tuvo recientemente acceso a una grabación de una videocámara de seguridad de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en la que precisamente se ha podido comprobar cómo, efectivamente, en la mencionada grabación aparece un funcionario de policía que llega a agarrar por el cuello a un interno que se encontraba con los brazos atados a la espalda y que en el momento de ser agarrado por el cuello no parece que estuviese mostrando ninguna actitud violenta, ni que ofreciese ninguna resistencia a ser atado.
Como es de esperarse el funcionario de policía que aparecía en esas imágenes (agarrando del cuello al extranjero), había llegado a negar antes de que se le mostraran esas imágenes el haber actuado de esa manera.
Informacion.Center ha podido comprobar la violación de derechos de múltiples detenidos en España, en distintas provincias de las que sobresale Madrid y en la región de Andalucía relacionada a abusos policiales:
Negación a proporcionar el derecho de los detenidos a acceso a un abogado, en un caso en Málaga encontramos a un detenido que ni si quiera se le permitió contactar con sus familiares o con sus abogados, no se le dio de comer durante su detención y sufrió heridas en el brazo por la forma en la que fue manipulado por la Policía.
Entre las múltiples violaciones encontradas sobresalen Jueces de Instrucción que dictan autos de sobreseimiento y archivo de los procedimientos penales incoados por posibles abusos policiales, cuando no se había llegado a realizar una investigación que cumpliera mínimamente con las exigencias de exhaustividad y celeridad exigidos por los instrumentos internacionales de lucha contra la tortura y los abusos policiales.
Esta resulta preocupante por no hay ninguna organización de derechos humanos personada en estos casos que pueda, por tanto, impedir ese prematuro e indebido sobreseimiento de esos procedimientos penales.
Jueces de Instrucción, en funciones de guardia, que deniegan las solicitudes de examen médico forense de personas retenidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) que denunciaron agresiones y abusos policiales, denegación que se produce a pesar de estar advertidos de su inminente expulsión del territorio nacional, y a pesar de que, evidentemente, con esa denegación, y una vez materializada esa expulsión, podría verse gravemente perjudicada la investigación de las agresiones supuestamente sufridas.
La Fiscalía, que lejos de promover e impulsar la investigación de los abusos policiales denunciados y de adoptar el rol de acusación frente a los posibles responsables, mantiene, en muchos de los procedimientos incoados por abusos policiales, una actitud absolutamente pasiva en cuanto al impulso de la investigación se refiere e incluso llega a apoyar el sobreseimiento absolutamente prematuro de determinados procedimientos penales.
Por ejemplo en el caso del policía llega a agarrar por el cuello a un interno que iba a ser expulsado de España, la Fiscalía incluso llego a apoyar el sobreseimiento de un procedimiento penal en el que concurrían las siguientes circunstancias:
Se había conseguido aportar al Juez de Instrucción el vídeo en el que se puede ver cómo lo agarra del cuello en donde se aprecia que el interno tenía las manos atadas por la espalda y no parecía ofrecer ninguna resistencia, ni mantener ninguna actitud violenta que justificara esa actuación policial.
Nadie había llegado a pedir explicaciones a los policías imputados sobre lo que se veía en esas imágenes y la instrucción, prácticamente se había limitado a escuchar la versión de los hechos ofrecida por los policías presuntamente agresores, versión que ni tan siquiera hizo referencia alguna a la agresión que tuvo lugar en la lavandería del CIE.
El Tribunal Constitucional llego a inadmitir un recurso de amparo interpuesto por la ONG ya descrita (FAPDH) por la posible vulneración de derechos fundamentales derivados de actuaciones y resoluciones de los poderes públicos:
Es sin duda preocupante el mencionado posicionamiento del Tribunal Constitucional y no entiende qué justificación adicional a la ya señalada necesitaría el Tribunal para considerar que existe una “especial trascendencia constitucional” que le permitiera entrar a conocer sobre la posible vulneración de derechos fundamentales inherentes a la posible ausencia de una investigación eficaz de unos presuntos abusos policiales constitutivos de posibles delitos de torturas y tratos crueles o degradantes.
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