La Mesa del Parlament ha aprobado este martes suprimir la denominada licencia de edad que permite a los funcionarios mayores de 60 años cobrar durante tres años el salario íntegro sin ir a trabajar. El órgano, presidido por Laura Borràs, ha expresado su intención de negociar con el Consell de Personal, una suerte del comité de empresa de la Cámara, la supresión del citado privilegio este 2022 así como dejar sin efecto y sin ejecutar todas las peticiones para acogerse a la licencia de edad que estuvieran ahora en trámite. El Govern ha evitado entrar en la polémica escudándose en la “separación de poderes”.
La decisión deja en el aire, al menos políticamente, la medida aprobada por la Mesa el pasado 21 de diciembre que reducía el periodo de gracia de cinco a tres años. El acuerdo de este martes ha sido aprobado por unanimidad con los votos de Junts, Esquerra, PSC y la CUP. Ciudadanos y En Comú Podem también están a favor. En total, el Parlament destinó solo en 2021 1,7 millones de euros a funcionarios que no trabajan, según avanzó este lunes el diario Ara. Algunos de ellos percibían un salario superior a los 10.000 euros al mes.
La Mesa ha pedido un informe a los letrados y a la Secretaría General
Para que estudie cómo se puede realizar la supresión de la licencia y paralizar las solicitudes en marcha. En cualquier caso, la eliminación no tendrá ningún carácter de retroactividad. Borràs insistió este lunes que quiso subsanar el privilegio desde que alcanzó la presidencia. El episodio ha vuelto a poner de manifiesto la relación extremadamente complicada entre Junts y ERC. Fuentes de los republicanos han lamentado que nadie les comunicara que en la Mesa del día 21 se iba a aprobar el acuerdo con los trabajadores, que pasó, según dicen, desapercibido al aprobarse en aquella fecha más de un millar de puntos. Frente a esta actitud, Junts ha señalado que Esquerra era perfectamente consciente de la existencia de ese acuerdo con los funcionarios.
El PSC no ha negado que fuera consciente de la medida aunque la diputada socialista Alicia Romero ha asegurado que no disponían de toda la información -como, por ejemplo, el salario de algunos funcionarios- por la escasa transparencia con que se ha abordado el tema. Romero ha definido los privilegios de “intolerables” en cualquier administración. La Mesa ha acordado pedir un informe para estudiar si firma un convenio con la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) para mejorar la transparencia de la Cámara. Tres letrados del órgano equiparable de transparencia del Parlament ha sufrido tres bajas pero el asunto no se ha abordado en la Mesa.
Jéssica Albiach
Portavoz de los comunes, ha lamentado esos salarios “astronómicos” y ha señalado que lo que ha trascendido ahora no es menos “escandaloso” que lo de diciembre. “Lo que se hizo entonces fue una operación de maquillaje. “Queremos una mesa ampliada y acabar con este regimen transitorio y que haya un órgano externo al Parlament que lo fiscalice”, ha dicho. Nacho Martín Blanco, portavoz de Ciudadanos, ha considerado “vergonzoso” que existan funcionarios que cobren sin trabajar. “Es un fraude moral. No hay precedentes. Es escandaloso. Sólo se puede aplicar desde una visión totalitaria de la política”, ha dicho.
El Govern ha intentado escaparse de la polémica, obviando que entre sus miembros está un expresidente de la Cámara, Roger Torrent, informa Camilo S. Baquero. La portavoz del Ejecutivo catalán, Patricia Plaja, ha asegurado que el Gobierno catalán no se pronunciará para respetar “la separación de poderes” con el Ejecutivo que preside Borràs pero si ha defendido que todas las instituciones públicas “deben ser ejemplo de buenas prácticas”.
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