El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha advertido este miércoles que el Departamento de Justicia perseguirá a los implicados de “cualquier nivel”. A los presentes en el asalto al Capitolio y a aquellos que cometieron delitos “de otra manera” en la aciaga jornada del 6 de enero de 2021. La figura de Garland, líder responsable de la investigación criminal más grande en la historia de EE UU, ha sido objeto de escrutinio público durante las últimas semanas por varios exfiscales y académicos que le achacan no dirigir la investigación a la rendición de cuentas del expresidente Donald Trump y su círculo. “Seguiremos los hechos a donde sea que nos lleven”, adelantó esta tarde durante la comparecencia en la que también le pidió paciencia a la ciudadanía.
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Un año después del ataque al núcleo del poder en Washington, solo 71 manifestantes han sido condenados, y ni la mitad de ellos han recibido pena de cárcel. De los cerca de 2.500 implicados que podrían ser acusados de delitos federales, hasta ahora han imputado a unas 725 personas; casi un tercio por delitos de agresión, resistencia al arresto u obstaculizar el trabajo de la policía. Cerca de 165 se han declarado culpables, la mayoría de delitos menores. Una veintena de ellos se enfrentan a penas por delitos graves, que pueden llegar a los 20 años de cárcel.
“Primero resolvemos casos más sencillos porque proporcionan la base probatoria para casos más complejos”, explicó Garland, y agregó: “No puede haber reglas diferentes para los poderosos y los que no tienen poder”. En las últimas semanas, los principales periódicos estadounidenses han publicado una ristra de tribunas criticando la lentitud de la labor del Departamento de Justicia y la aparente falta de urgencia en buscar las responsabilidades de Trump. El fiscal general aclaró que las acciones que ha llevado a cabo hasta ahora el Departamento de Justicia “no serán las últimas”. El violento episodio del asalto abrió un debate sobre la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión en EE UU. Garland aprovechó la ocasión para aclarar que “expresar pacíficamente un punto de vista o ideología, sin importar cuán extremo sea”, está protegido por la Constitución, “pero amenazar ilegalmente con dañar o matar a otra persona, no”.
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