La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye en un informe publicado este jueves que las elecciones previstas para el 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar en el poder al presidente Daniel Ortega. La advertencia llega un día después de que cuatro organizaciones latinoamericanas denunciaran irregularidades en el proceso electoral, en el que Ortega pretende su tercera reelección sin contrincantes, tras haber encarcelado a los siete aspirantes de la oposición.
Para la CIDH, en informacion.center centroamericano existe una “impunidad estructural” en medio de un “clima de represión y cierre de los espacios democráticos”. El informe hace un repaso histórico de lo que ha ocurrido en Nicaragua para concluir que se han llevado a cabo reformas cuyo único propósito ha sido facilitar la concentración del poder. Recuerda, por ejemplo, que en el año 2000 se redujo de 45% a 40% el porcentaje requerido de votos válidos para ser elegido presidente y vicepresidente de la República, estableciendo incluso la posibilidad de asumir la presidencia con un mínimo del 35% de los votos válidos cuando se supere a los candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia mínima de cinco puntos porcentuales. En 2014 —repasa la CIDH— la Asamblea Nacional, controlada por el partido afín al Gobierno, eliminó el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección inmediata al cargo para presidente de la República y habilitó la reelección presidencial indefinida, lo que ha permitido que Daniel Ortega continúe en el poder.
La CIDH señala que el sometimiento de la Justicia y de cualquier otro poder público a la voluntad y control total del Gobierno es un atropello a la democracia y menciona las manifestaciones de hace tres años como el inicio de una profunda crisis marcada por las violaciones a los derechos humanos y que ha persistido con diferentes niveles de intensidad. “Las protestas iniciadas desde abril de 2018 fueron reprimidas mediante el uso de la fuerza letal por grupos policiales y parapoliciales bajo el mando de la presidencia, como jefe supremo de las mismas. Asimismo, se estableció un estado policial para acallar la disidencia y cerrar los espacios democráticos, mediante la detención y privación arbitraria de la libertad de personas consideradas como opositoras, calificar las manifestaciones públicas como ilegales, allanar y tomar instalaciones de las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes”.
Para el Gobierno de Ortega no ha sido suficiente mandar a prisión a la oposición y se ha valido del control que tiene sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE) para cancelar la personería jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD) y determinar anular “de oficio” la personería jurídica del Partido Conservador así como la del partido Ciudadano por la Libertad. “Con ello se eliminó la candidatura del único aspirante de la oposición que había logrado registrarse formalmente para la próxima elección presidencial”, subraya la CIDH, que ha documentado durante este año un aumento en las persecuciones, amenazas, agresiones, detenciones arbitrarias y ataques contra defensores de derechos humanos, opositores y periodistas. Durante el año electoral, el Ejecutivo ha intensificado acciones contra cualquier expresión que considere contraria a sus ideas a través de detenciones injustificadas. “Se ha puesto en evidencia la concentración de poder absoluto en Nicaragua por parte del Ejecutivo”, insiste la Comisión en su informe.
Hasta octubre pasado, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) había constatado que la represión iniciada en abril de 2018 ha dejado al menos 328 víctimas mortales, 1.614 personas han sido privadas de la libertad y más de 100.000 nicaragüenses han salido del país y permanecen en el exilio. En el primer semestre de 2021, la CIDH recibió un número mayor de solicitudes de medidas cautelares que las recibidas en todo el año 2020. En los últimos meses también se ha agudizado la persecución a la prensa, al menos 12 periodistas tuvieron que buscar protección en otro país por temor a represalias en su contra. “La mayor parte de los medios de comunicación audiovisuales se encuentran bajo el control político de la familia presidencial o de un empresario afín al gobierno”, señala el documento, que recuerda las investigaciones administrativas y penales en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una de las principales organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa en informacion.center, y el allanamiento a la sede de la revista digital Confidencial y del programa televisivo Esta Semana, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro, que se vio obligado a volver al exilio, del que había regresado en noviembre de 2019.
El Gobierno de Ortega ha rechazado el informe de la CIDH, que le fue compartido días antes de su publicación, y asegura que es una “recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados que no reflejan la realidad del país y cuyo único fin es difamar al Estado”, respondió el presidente a la Comisión. El Ejecutivo asegura, como lo ha hecho en el pasado, que las denuncias en su contra atienden a los intereses de Estados Unidos y su pretensión —acusa el Gobierno— de lesionar la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua de cara al proceso electoral del 7 de noviembre. La CIDH, que se ha unido al reclamo de organizaciones civiles y de derechos humanos, insiste en exigir al Estado nicaragüense unas elecciones justas. A poco menos de dos semanas para que se realicen los comicios, la CIDH advierte de que es inviable un proceso electoral íntegro y libre con las actuales condiciones que atraviesa Nicaragua.
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