Por segunda vez en su historia reciente, México dirige la mirada a los años nefastos de la Guerra Sucia. En un decreto publicado este miércoles, el Gobierno anunciaba la creación de la Comisión de la Verdad para esclarecer “las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990″. El nuevo organismo toma el testigo de la fracasada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Anunciada como ejemplo de un cambio de época, el fin del PRI virreinal y la llegada del modernizador Partido Acción Nacional, la Fiscalía naufragó por falta de voluntad política y estrechez de miras.
Con la nueva comisión, la esperanza es que el Estado haya madurado lo suficiente para abrirse en canal y dejarse ver las entrañas. “Es la última oportunidad, es verdad”, reconoce Alicia De los Ríos. Activista casi desde la cuna, De lo Ríos pelea por conocer el destino de su madre, detenida en enero de 1978 en el antiguo Distrito Federal por la Brigada Blanca, uno de los grupos especiales contrainsurgentes compuestos por militares y miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del PRI.
Es la última oportunidad, dice De los Ríos, porque parece difícil que otro Gobierno se muestre más dispuesto a esclarecer uno de los episodios más oscuros del pasado priista. La mujer dice que el fracaso de la Fiscalía de Fox no le hace temer uno nuevo. “Esta vez llegamos más maduros”, explica, “primero, porque ahora no es una Fiscalía, los trabajos no van encaminados únicamente a establecer la responsabilidad de los perpetradores. La visión es más integral”, añade. “Ahora además hay una ley de desaparición forzada, no como antes. La búsqueda de nuestros familiares desaparecidos ya no queda perdida”.
De los Ríos señala que la comisión les será útil a las familias en el acceso y búsqueda en archivos, hasta ahora vedados. “Hay archivos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) importantes, también del Cisen”, dice, en referencia al órgano de inteligencia del Estado. “Hay un montón de archivos de la represión, locales y federales, que no han sido consultados. La comisión es el órgano ideal para esto”, zanja.
El interés que menciona la mujer recuerda inevitablemente al de otro grupo de familias: las de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Ambos colectivos comparten una ventaja, la atención del Gobierno. Las únicas dos comisiones de la verdad creadas durante la presente administración responden a sus exigencias. Constituida a principios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la comisión de Ayotzinapa ya ha padecido resistencias por parte de algunas dependencias del Estado para la entrega de información. De ninguna tanto como de Sedena.
Para Santiago Aguirre, director del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro, el papel del Ejército en la nueva comisión no queda demasiado claro. “Sedena no está como firmante del decreto. Mientras que en la comisión de Ayotzinapa sí aparece. Quiero decir que no llego a ver que el Ejército acompañe este proceso de revisión de la Guerra Sucia”, señala.
Privilegiado de la historia, Aguirre y su equipo de abogados conocen tanto el caso Ayotzinapa como los abusos cometidos durante la Guerra Sucia. De hecho, el Centro Pro lleva el caso de De los Ríos ante la justicia. “En el decreto de la comisión de Ayotzinapa se establecía una obligación de entrega de información para las dependencias federales. Eso no está en el actual decreto. Aparece una fórmula distinta, menos contundente”, critica.
Para el historiador Camilo Vicente Ovalle, el nacimiento de la comisión es una buena noticia. “La iniciativa responde a un reclamo de los colectivos de familiares y exmilitantes. Aunque la perspectiva de justicia estaba integrada al proyecto del Gobierno de López Obrador, no había una iniciativa concreta para llevarla a cabo”.
Historiador de la UNAM, Ovalle ha participado en los trabajos de diseño de la comisión estos meses. “La diferencia con la Fiscalía de Fox es que su objetivo era enjuiciar a presuntos responsables de crímenes cometidos durante la Guerra Sucia. Pero no hubo avances en los procesos de judicialización y las investigaciones judiciales quedaron paradas. Hace poco tiempo que algunas han empezado a revivir, caso de Alicia de los Ríos. Pero estamos hablando de que quedaron alrededor de 270 investigaciones vivas y otras tantas cerradas. Y de esas 270 no se ha movido nada”, zanja.
Según Ovalle, la comisión debe quedar instalada a mediados de noviembre, después de un proceso de selección de cinco expertos, que acompañarán a los representantes de dependencias como la Secretaría de Gobernación o el Archivo General de la Nación. Respecto al acceso a los archivos del Cisen o el Ejército, el historiador se muestra optimista. “Yo creo que vamos a tener acceso, tengo la convicción de que va a suceder. Ahora, no va a ser fácil, no solo por el acceso que puedan brindar, sino porque han pasado muchos años y no sabemos en qué condiciones puedan estar esos archivos. Es un primer paso muy relevante, faltan más batallas”.
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