Lo que más recuerda Wendy Galarza de aquel 9 de noviembre es el fuego. El ruido y la furia. Las llamas que los manifestantes —rabiosos por el feminicidio de Alexis, una joven cuyos restos habían aparecido días antes en bolsas de basura— prendieron con sus propios carteles y pancartas en varios puntos de Cancún (Quintana Roo), por donde se extendió la protesta. Nadie esperaba los hechos que se sucedieron. Un grupo de más de 1.000 personas llegó al Palacio Municipal Benito Juárez, cuyas ventanas y puertas estaban protegidas con tiras de madera. Intentaron arrancar los listones para poder entrar. En ese momento la policía abrió fuego contra la marcha. Las balas alcanzaron al menos a tres personas. Pero la represión no acabó ahí. Una vez detenidas, trece personas sufrieron torturas y dos mujeres fueron violadas por agentes de seguridad, según el testimonio de las víctimas. Un año después todavía no hay culpables, y los afectados denuncian que el juicio no avanza y el proceso ha estado plagado de irregularidades.
“Primero las armas apuntaban hacia arriba, pero se hizo una estampida, la gente empezó a correr y apuntaron contra los manifestantes”, recuerda Galarza a través de la pantalla. Cuando empezaron los disparos, ella y su pareja trataron de huir del lugar en una motocicleta, pero tres agentes les rodearon y tiraron la moto al suelo. “De ahí patadas, golpes con las macanas [porras], ramas que rompían de los árboles, varillas…” Solo se detuvieron cuando se acercó un grupo de personas que empezó a grabar la paliza con sus móviles. A duras penas consiguieron arrancar la moto y huir del lugar. Galarza aún no lo sabía, pero había recibido dos disparos. “Una de las balas entró por la pierna derecha, entrada y salida sin comprometer el hueso. La otra entró por mi pompi y salió al lado de mi vulva”.
“Hasta que no me bajé de la moto en casa no me di cuenta de que me habían disparado. Cuando bajé sentí una explosión, un golpe intenso, pasé mi mano y estaba llena de sangre. Entré rápido a casa, me quité mi pantalón y lo vi. No lo reconocía como una bala aún”. Se fueron a toda carrera a la Cruz Roja. “Cuando me acuestan en la camilla oigo a los paramédicos: ‘otro impacto de bala, entrada y salida, pierna derecha”.
La derivaron a un hospital. Allí, curaciones, limpiezas, rayos X. Le confirmaron que, en efecto, tenía un disparo, y la mandaron a casa. El día siguiente, martes, descansaron la paliza. El miércoles fueron a poner una denuncia. “Fuimos a Fiscalía y cuando empiezo a narrar mis moretones, la médica que hay allí ve que es otro disparo. El miércoles. El tiroteo fue el lunes. Salí del hospital con una bala que ni siquiera ellos habían visto”. Hubo otros dos heridos por los disparos de la policía ese día, ambos reporteros que cubrían la protesta, Roberto Antonio Becerril Gómez y Cecilia Solís, que en una entrevista con el paìs aseguró que “la policía nunca disparó al aire. Era como si nos cazaran”.
Torturas y violencia sexual
La brutalidad policial de aquella jornada no acabó con los disparos. Lo que más recuerda María Elena García es la furia de los manifestantes y la violencia con la que se encontraron. El caos, los gritos, la confusión del momento. “Entré en shock. Me di cuenta de que podría ser un blanco más fácil si corría. Me tiré al suelo como en las películas americanas. Y vi a un grupo de chicas chiquitas, como de 18 años. Me uní a ellas. Bastó un instante para darme cuenta de que fue un error gravísimo. A los segundos estábamos rodeados por diez policías. Me dieron con un palo cuadrado muy grueso, y sentí un golpe en la espalda muy fuerte. Cuando volteo la mirada, veo que estamos siendo encañonadas”.
Los agentes comenzaron a ensañarse con ella y el grupo de chicas. García empezó a gritar, intentando llamar la atención de alguien, pero todo el mundo corría. “En ese momento me di cuenta de que acabó mi vida. Me pusieron las esposas, empezamos a forcejear, me hirieron en la muñeca con el metal. Cuando me levantan se abre la blusa por atrás. Yo no tenía sostén. Me empezaron a golpear más. Me dieron puñetazos en la cara, patadas en la panza, puñetazos entre pecho y costillas. En el último, en el ojo, veo blanco y pierdo estabilidad”. En ese momento los policías comenzaron a arrastrarla hacia la parte trasera del Palacio Municipal, un parque a oscuras. “Me amordazan, me dan en el seno derecho con el puño cerrado y en las costillas, vuelvo a perder el aire y me desvanezco un poco”.
García habla sin prisa, pero de carrerilla. No hacen falta preguntas. Ella lo prefiere así, narrar en sus tiempos. No es fácil recordar ciertas cosas. Hace un parón, bebe agua, prosigue: “Como yo tenía la blusa rota, el policía comenzó a tocar mis senos. Metió su mano dentro de mi vagina y mi ano, yo sentí perfecto como metió dos dedos delante y dos dedos atrás. Traía un leggin deportivo, y me hizo tanto daño con la tela”. El agente la llevó así durante dos metros, “iba cargándome, pero masturbándome. Alrededor, los demás elementos le empezaron a decir ‘güey, dejámela a mí’. Ahí consigo tirarme al piso con todas mis fuerzas, me patean la espalda a pesar de que me había hecho bolita, me jalaron del cabello y cuando estaba hincada me jalaron de la esposa y me hicieron caminar como un perro”.
Los golpes continuaron. También el terror psicológico, las amenazas, los “vamos a dejarte peor que Alexis”. Los quejidos de otras mujeres a su alrededor también siendo torturadas. La sangre en el suelo y en la ropa. De ahí las llevaron al interior del Palacio Municipal. “Escuché más gritos y entre golpes y empujones me percato de que a otra mujer [Naomi Quetzaly Rojas Domínguez] la someten igual que a mí. Le dije al de Derechos Humanos que me habían hecho eso a mí también, tenía al lado al que era el culpable”. Horas después, cuando finalmente las soltaron gracias a la presión exterior, se fue a poner la denuncia.
Irregularidades en el juicio
El 10 de noviembre, Alberto Capella, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, dimitió por “responsabilidad moral”, como dijo en declaraciones a este diario. La defensa pide que se le investigue por delitos de homisión de los Derechos Humanos. El director de la policía municipal, Eduardo Santamaría, también fue relevado de sus funciones. Pero no ha habido más responsabilidades. El 30 de noviembre de 2020 la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo abrió un expediente donde acredita que “la Policía Municipal hizo uso desproporcionado de la fuerza, perpetró detenciones arbitrarias y actos que pueden considerarse como tratos crueles”. En el informe daba varias recomendaciones judiciales, pero seis meses después, se le dio carpetazo habiendo cumplido solo una de ellas, según la Comisión del 9N.
El juicio empezó en febrero de 2020, y fueron imputados 11 agentes de la Policía Municipal de Cancún por delito de abuso de autoridad, robo y lesiones, explica Lizbeth Lugo Hernández, abogada de Galazar, García y Naomi Quetzaly Rojas Domínguez. Entre los acusados, se encuentra Santamaría, al que el informe de Derechos Humanos de Quintana Roo sitúa como el hombre que dio la orden de disparar. “Vamos a solicitar la reclasificación de las carpetas de Quetzaly y María. Estamos solicitando delito de torturas por tratos crueles e inhumanos en la hipótesis de violencia sexual”, expone Lugo Hernández.
Desde el primer momento, los abogados de la defensa se encontraron con un muro. Las pruebas que presentaban, como casquillos de bala, vídeos, o la ropa que vestían los manifestantes aquel día, no eran aceptadas. “Hubo una limpia de la escena, nunca vamos a saber qué casquillos son los que usaron, más que los que se quedaron incrustrados en las compañeras. Hay pérdida de videos, cortes en las grabaciones, lo que significa que están editadas, y ni siquiera sabemos si están entregando el listado de elementos policiales que realmente participó en el operativo”. Además, a través de recursos y amparos, los acusados han logrado posponer una y otra vez las audiencias, por lo que aún no se ha llegado a nada.
En el lugar también estaba la Guardia Nacional y Policía Estatal. Los disparos venían de los agentes locales, pero los otros no hicieron nada para detenerlos. “La Guardia Nacional estuvo presente y nunca hizo ninguna intervención para que cesaran los actos violentos contra la ciudadanía desarmada, eso es un acto de omisión”. “El patrón de las detenciones”, concluye Lugo Hernández, “es que iban dirigidas al movimiento feminista, todas las mujeres que fueron detenidas portaban distintivos. También hubo un factor racial porque el perfil de las chicas que detuvieron son todas mexicanas, y también había mujeres extranjeras manifestándose. Además, hay varios testigos que dicen que vieron láseres apuntándolos. Eran ataques dirigidos, lo que explicaría que solo haya lesionadas por debajo de las caderas”.
Secuelas físicas y psicológicas
Después de la tragedia, llega el trauma. Las consecuencias físicas y psicológicas. Wendy Galarza dice que no puede llevar una vida normal, que no puede caminar como antes porque llega un momento en que su pierna se inflama de dolor. Que también tiene estrés postraumático, que es como un “foquito” que se tiene que atender. Que ha pensado mil veces en irse de Cancún, que la ciudad es otra, ella es otra, y hasta el mar se ve de distinta manera. Pero que se queda. Que quiere ser congruente, lo que para ella significa seguir al pie del cañón. Junto con el resto de afectados fundó el Comité de Víctimas del 9N, del que ahora es portavoz.
Galarza cuenta que al principio tenían una “chispita” de esperanza de que se hiciera justicia, pero ya no. “A día de hoy creo que estoy esperando otro tipo de justicia. Hemos sentido hasta que nos acecha la policía”. El sentimiento de acoso es tal que incluso ha cambiado de empleo: dejó de trabajar con un niño al que cuidaba por miedo a exponerlo. Ahora es maestra. “Para sobrellevar esta situación busco pequeñas recompensas en otras situaciones, como pequeños logros del comité o poder visibilizar otras convocatorias. Me siento fuerte a pesar de lo vulnerable”, sentencia.
María Elena García cuenta que los primeros meses vivir era una pesadilla. Que se negó a sí misma todo, que no era capaz de nombrarlo como una violación. Que todo lo que quería hacer era estar en la cama llorando o irse a su pueblo y no volver nunca. Pero decidió quedarse, empezar a hacer activismo, integrarse en el comité. Y dice que se armó de “una carcasa de valor”. Que, entonces, se dio cuenta de lo fuerte que era, y de que podía liberar el coraje y la rabia, todo ese odio. Que ella, que siempre había creído en dialogar como solución a todo, descubrió que a veces también es necesario rebelarse y protestar.
En la primera audiencia, la jueza leyó todas las declaraciones de las víctimas. “Cuando empezó a leer la mía me di cuenta que no era algo que estaba inventando en mi cabeza. De repente se me vino el mundo encima y comencé a sentir que nada tenía sentido. Esa tarde me dio una crisis de ansiedad de seis horas. En ese momento no encontraba respuesta ni consuelo en nada, y a partir de ahí una crisis de ansiedad tras otra. Sí fui abusada, sí fue tortura sexual, sí lo nombro como lo que es”.
“Terminé con todos los sistemas de mi cuerpo dañados, neurólogo, estrés postraumático, psicólogo, enfermedad extrema gastrointestinal, ciclos de cuatro reglas en un mes… Voy al psiquiatra, tengo prescripciones de varios medicamentos porque llegué al punto de quererme suicidar. No por cobardía, terminé queriendo no pensar, quería parar la mente”. “Después de un año de resignificacion total”, añade, “un año completo de protestas, de torturas, de omisión, hoy me siento más valiente que ese 9 de noviembre”. En sus compañeras ha encontrado una nueva familia, dice, que hace que no se sienta sola, que la ayuda a seguir adelante.
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