La rendición de cuentas en México se encuentra en un momento crítico, bajo la mirada atenta de la ciudadanía y el espectro de la Cuarta Transformación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado un paquete de iniciativas que buscan establecer un orden en el sistema nacional anticorrupción, reinventando la participación ciudadana en la estructura institucional del país.
Alfonso Ramírez Cuéllar y Ricardo Mejía Berdeja se han visto obligados a reestructurar sus agendas legislativas para respaldar estas propuestas del Ejecutivo federal. Este esfuerzo podría culminar en la rejuvenecida reforma al Sistema Nacional de Fiscalización, que ha sido objeto de críticas debido al manejo actual de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En septiembre, al inicio del periodo ordinario de sesiones, Ramírez Cuéllar presentó iniciativas para modificar la Constitución y la Ley de Fiscalización, buscando liberar a la ASF de la influencia del actual auditor superior, David Rogelio Colmenares Páramo, quien deberá decidir su futuro en los próximos días. Con un mandato que culmina en 2026, Colmenares presentará la Cuenta Pública 2024 ante la Comisión de Vigilancia, bajo la presidencia del pevemista Javier Herrera Borunda.
Al día siguiente, la Junta de Coordinación Política, liderada por Ricardo Monreal Ávila, lanzará la convocatoria para seleccionar a su sucesor. Las bases del proceso serán fundamentales, especialmente para Colmenares, quien a sus 74 años y con limitaciones de salud, deberá considerar si se postulará nuevamente. Las aspirantes al cargo incluyen a figuras destacadas como Norma Julieta del Río Venegas, Muna Dora Buchahin y María de la Luz Mijangos, aunque esta última enfrenta dificultades debido a la situación de la colectiva 50+1.
En el ámbito de Palacio Nacional, dos nombres resuenan como favoritos: Juan José Serrano, exsecretario de la Contraloría en la Ciudad de México, y Alfonso Damián Peralta, exauditor de Guerrero y actual funcionario de la ASF. Mientras tanto, los vacíos en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción se hacen evidentes, con solo dos integrantes activos desde que finalizó el mandato de Vania Pérez Moreno. La falta de acción del Senado para convocar a una comisión de selección ha dejato este tema en un limbo preocupante.
La reforma legal que regula los sistemas nacionales Anticorrupción y Fiscalización está en la agenda. De concretarse, podría adelantarse a la esperada reforma electoral, que se anticipa llegará al Senado en breve.
A medida que las iniciativas se desarrollan y la fecha de votación se aproxima, el futuro de la rendición de cuentas en México pinta un panorama incierto y lleno de implicaciones para la democracia del país. La atención del público estará centrada no solo en quién asumirá el liderazgo en la ASF, sino en cómo estos cambios pueden influir en la lucha contra la corrupción y en el fortalecimiento de la participación ciudadana.
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