El desarrollo urbano, la planeación urbana y los planes de ordenamiento territorial son una de las herramientas tanto de la ingeniería civil como de la ciencia política para mejorar, de forma más directa, la calidad de vida de los ciudadanos. Tanto generando espacios de comercio y vivienda como localizando suficientes espacios públicos y colonias organizadas estratégicamente.
La tranquilidad reina en el entorno del Acuartelamiento de Castillejos, en Madrid, a las diez y media de la mañana de este miércoles. Un hombre arrastra el carro de la compra junto a la entrada del lugar, después de atravesar los descampados que rodean los muros desgastados del recinto, en cuyo interior se encuentran la Sección de Enseñanza Ecuestre (Secenecu) y la Unidad Técnica de Investigación (UTI), dedicadas a la cría caballar. Los agentes de la Policía Nacional que custodian la puerta le permiten cambiarse de acera y continuar su camino al mercado. Cinco minutos después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega para la firma del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, representados por sus titulares, Margarita Robles y Raquel Sánchez.
Este acuerdo permite la venta de los casi nueve millones de metros cuadrados donde se ubicaron los antiguos cuarteles militares y que pertenecían hasta el momento a Defensa. Es un paso más para desbloquear la Operación Campamento, la gran obra de urbanización de Madrid que lleva tres décadas en marcha y a trompicones: se puso en marcha en 1989, estuvo de fraguar entre 2005 y 2013; y quedó en suspenso desde entonces.
La compra de este terreno por parte del Ministerio de Transporte significa “un impulso decisivo a una de las principales iniciativas de vivienda social en toda España”, según ha declarado el presidente durante su intervención. “Unas 12.000 viviendas, el 60% de ellas de protección social”, serán edificadas en los próximos años, según ha prometido. Sánchez ya anunció el pasado 12 de julio, durante el debate sobre el estado de la nación, el desbloqueo “inmediato” de la operación, un proyecto del que se empezó a hablar en 1989 y que quedó suspendido por última vez en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Con esta operación, el Sepes, la entidad estatal del suelo, que depende del Ministerio de Transportes, comprará los terrenos donde estaban los cuarteles al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, que pertenece al Ministerio de Defensa, y así podrá disponer del suelo en el barrio de Campamento, en el distrito de Latina.
A falta todavía de un plan urbanístico para la conocida como Operación Campamento, no se ha concretado una fecha exacta para el inicio de las obras, aunque un portavoz del Gobierno indica que “lo ideal sería que la construcción comenzara en 2023 y las primeras estuvieran listas a principios de 2026, aunque podría demorarse”. De las 12.000 viviendas, tanto de las destinadas a protección social como las libres, está previsto que un porcentaje considerable sea “vivienda de alquiler, que es ya el presente y el futuro de las grandes ciudades de Europa, estando Madrid muy alejada de ellas en este respecto”, según afirmaba Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, también presente en el acto.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que no ha acudido a la firma en lo que desde Moncloa ha calificado como “plantón”, ha asegurado durante un acto de Movilidad en la plaza de España, que la Operación Campamento “es un acto interno del Gobierno de la nación”. Para explicar su ausencia ha continuado: “Ayer nos llegó una invitación, pero teníamos la agenda cerrada. En todo caso, a mí lo que me interesa, y agradezco la invitación, es que avance la operación”.
En 1989, el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra (PSOE), el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina (PSOE), y el alcalde de Madrid, Juan Barranco (PSOE), firmaban un convenio para desmantelar una docena de acuartelamientos y construir en su lugar oficinas y edificios para la Administración central. La operación tenía un presupuesto equivalente a 1.800 millones de euros, y Defensa iba a percibir 180 millones por ceder los terrenos y se dieron un plazo de 15 años. Así arranca la denominada Operación Campamento, que durante tres décadas ha marchado a trompicones, unas veces más rápido y otras bloqueada por completo.
La crisis económica de inicios de los años noventa enfría el acuerdo. La operación languidece. Defensa cambia de criterio y decide mantener ahí sus instalaciones y solo ceder para viviendas los espacios libres. Corre 1993 y el proyecto se considera “muerto”. Hasta que Alberto Ruiz-Gallardón (PP), sucesivamente presidente de la Comunidad de Madrid (1995-2003), y alcalde de la ciudad (2003-2011), logra reactivarla. Primero, en 1996, firma como líder autonómico un acuerdo con el regidor de la ciudad, José María Álvarez del Manzano (PP), y el ministro de Defensa, Federico Trillo (PP). En 2004, el nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), refrenda ese pacto con la nueva presidenta regional, Esperanza Aguirre (PP). Y un año después, en 2005, el nuevo titular de Defensa, José Bono (PSOE) da el pistoletazo de salida. Pero nada sale como estaba previsto.
El plan urbanístico está listo en 2009. En septiembre de 2011, el Consejo de Ministros aprueba la venta del 51% de los terrenos de Campamento a Fomento por 150,5 millones de euros. A través de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo debe comenzar la urbanización de 2,1 millones de metros cuadrados para levantar una primera fase de 10.700 viviendas, de las que 7.000 serían protegidas. Coste: 450 millones. La operación incluye, además, soterrar 2,6 kilómetros de la A-5 y hacer un intercambiador y un aparcamiento disuasorio. En total, 617 millones más, a medias entre Ayuntamiento y Gobierno. La segunda fase, sin fecha, supondría 10.700 viviendas más.
Y entonces llega la sentencia del Supremo, que anula los nuevos barrios previstos por el Plan General de Ordenación Urbana de 1996. También, claro, el de Campamento. Desde entonces se suceden las negociaciones entre los ministerios de Defensa y Fomento o Transportes, para cambiar la titularidad de los terrenos. Y también, las negociaciones entre el Gobierno central y el municipal.
Así, las conversaciones entre las dos administraciones cogieron algo de velocidad en 2020, ya con Almeida como alcalde. En febrero de aquel año, el Ministerio de Hacienda publicó el anuncio previo del proyecto de ejecución del Paseo Verde del Suroeste, con un valor estimado del contrato de 4.135.250,00 euros. Fue un primer paso para soterrar los 3,8 kilómetros del Paseo de Extremadura que transcurren entre la avenida de Portugal y el cruce con la avenida de los Poblados. Ese cambio permitiría que por esos terrenos pase también el Bosque Metropolitano, que se integraría en la parte de suelo no urbanizable, para unir el arroyo de Meaques con la Casa de Campo. Y a su alrededor se construirían las 12.000 viviendas prometidas por Sánchez.
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