La coalición Va por México, que integran los partidos políticos del PAN, PRI y PRD, acusó que existe una campaña de ataques y violencia contra los candidatos de su alianza, por lo que demandó que ponga freno “a las acciones de intimidación” que está realizando.
Las dirigencias de estos partidos señalaron que arrestos recientes detenciones y vinculaciones a proceso fuera de la ley, en periodo electoral y sin el debido proceso en contra candidatos de su alianza “significan el más condenable uso político del Ministerio Público para combatir a la oposición y demuestran que MORENA sabe que perderá la mayoría en las próximas elecciones”.
Esta coalición, a través de un comunicado de prensa, aseguró que la persecución del Gobierno federal contra sus candidatos es un intento “cobarde” de ganar a la mala las elecciones
Los 3 presidentes de estos partidos políticos expresaron, además, que, repudian públicamente la persecución y violencia política “que pone en riesgo la realización de elecciones democráticas”.
Precisaron que hay tres casos que claramente demuestran que el Gobierno está atacando a sus candidatos: el acoso policial de Luis Cobo Fernández, candidato a diputación federal en el distrito de Tehuacán, Puebla; la persecución política de Jesús Giles, candidato a Presidente Municipal de Santa Clara Ocoyucan, Puebla y la detención ilegal de Rogelio Franco Castán y de Gregorio Gómez Martínez, candidatos a Diputado Local y Presidente Municipal en Veracruz.
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Ante esta situación, la coalición “Va por México” reiteró su exigencia para que en lugar de invertir los recursos del Estado mexicano en fabricar expedientes y casos inexistentes, el Gobierno Federal active protocolos de seguridad para que tanto la ciudadanía como las y los candidatos de cualquier partido político tengan la certeza de que su integridad no correrá riesgo en estas elecciones.
Finalmente, expresaron que el presidente de la República olvida que los atentados en contra de las y los candidatos de este proceso electoral, sin importar su filiación partidista, no sólo vulneran derechos individuales, sino que también laceran la democracia mexicana y el derecho de la ciudadanía a elegir el rumbo de México.
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