https://informacion.center.com/
Un enfrentamiento entre disidencias de las extintas FARC ha dejado al menos 26 combatientes fallecidos en el Guaviare, la puerta de entrada a la Amazonía colombiana. Así lo han confirmado este lunes la Defensoría del Pueblo y el Ejército, luego de versiones preliminares el fin de semana. El combate ocurrió el viernes en una zona rural del municipio de El Retorno. Los grupos implicados son el Estado Mayor Central (EMC) de alias Iván Mordisco y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) de alias Calarcá Córdoba, que libran una guerra encarnizada por las economías ilegales de la Amazonía desde que sus líderes se enemistaron en 2024. Aún no hay confirmación respecto a si los fallecidos incluyen niños o adolescentes.
La Defensoría señala a este periódico que algunos de sus funcionarios colaboraron con el levantamiento de cuerpos el domingo, ante la gravedad de la situación y los riesgos para la población civil. “No es una responsabilidad que asumamos habitualmente, pero tuvimos que hacerlo de manera excepcional”, comenta Nathalia Romero, defensora delegada para la Prevención de Riesgos, en un audio de WhatsApp. La entidad de derechos humanos apunta que los cuerpos corresponden a 21 hombres y 5 mujeres. La funcionaria comenta que hay indicios de que varios de ellos son menores de edad: “Aún no podríamos confirmarlo, debemos esperar las necropsias. Sin embargo, no sería sorprendente, teniendo en cuenta las características físicas que pudimos identificar y los hechos documentados de reclutamiento forzado”.
Hay diferentes versiones respecto al grupo armado al que pertenecen los fallecidos. El Ejército señala que sus informes de inteligencia indican que todos pertenecen al EMC. “La información que se tiene es que pertenecen a la facción de Mordisco, pero Medicina Legal es la que nos puede dar el origen”, comentó el comandante de la Cuarta División, Ricardo Roque, en Noticias Caracol. El EMC, por su parte, ha emitido un comunicado en el que reconoce los muertos, asegura que fueron “envenenados o sedados” antes de ser asesinados, y reitera su acusación de que el Ejército colabora con sus rivales. La Defensoría mantiene la cautela. “No podemos afirmar aún a cuál de los dos grupos pertenecían [los fallecidos]. Es posible que se identifiquen combatientes de ambos grupos”, apunta Romero.
Las Fuerzas Militares han indicado que, además de los 26 combatientes fallecidos, puede haber una víctima civil. “Se tiene conocimiento de un civil que el sábado llegó del sector a San José de Guaviare. Al parecer hace parte de confrontaciones, eso está en proceso de verificación”, informó el comandante Roque en su entrevista televisiva. El oficial ha buscado llevar tranquilidad a los habitantes de la zona. “Estamos haciendo un barrido para verificar que no hayan quedado municiones sin explotar. En este momento no hay confrontaciones y estamos buscando recuperar la confianza de la población”, comentó.
La Iglesia católica, por su parte, emitió el sábado un comunicado en el que enfatiza las afectaciones a los civiles. “Estas confrontaciones no causan, sino mayor sufrimiento de la población, alta victimización, confinamiento y desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas (…), y crean un clima de miedo que impide la vida ciudadana en armonía y tranquilidad”, subrayó. La Defensoría, por su parte, hizo un llamado a “garantizar la distinción y la protección de la población civil, adoptar precauciones para evitar daños en bienes y personas protegidas y permitir el acceso humanitario seguro y sin obstáculos”.
Un año de combates
La violencia en el Guaviare, una región clave en las rutas del narcotráfico y con alta presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal, se ha recrudecido desde mediados de 2024. Los disidentes Mordisco y Calarcá se separaron y empezaron a hacer movimientos de tropas y acusaciones públicas que evidenciaban una tensión creciente. Todo explotó en enero de 2025, con enfrentamientos en el municipio de Calamar que dejaron al menos 16 muertos. “Era previsible, las tensiones ya estaban muy altas, los intentos de entrada de Mordisco a zonas de Calarcá ya se conocían y hay muchos temores de una escalada”, comentó en ese entonces Juanita Vélez, de la Fundación Core.
La Defensoría, por su parte, emitió una alerta temprana sobre el nuevo foco del conflicto armado en el Guaviare. Advirtió que ambos grupos habían irrumpido en territorios controlados por sus rivales y que esto había producido “graves riesgos para la población civil”. “Las poblaciones afectadas con la fractura del Estado Mayor Central son mayormente campesinas, indígenas o afrocolombianas quienes comparten un común denominador proveniente de la afectación histórica a sus derechos”, remarcó. Asimismo, recordó que las disidencias de Calarcá aún hacían parte de las negociaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. Un año después, el panorama es similar: mientras se recrudece la violencia, este grupo es uno de los únicos con los que el Ejecutivo espera anotarse algún éxito antes de que concluya el cuatrienio.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
