(CNN) — Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa hace casi ocho años marcharon por las calles de la Ciudad de México la semana pasada, en su primera protesta desde la publicación de un impactante informe del Gobierno mexicano que culpa al Ejército y a la Policía del país de lo sucedido.
Los familiares, con carteles con fotos de sus hijos y pidiendo justicia, dijeron a CNN que esperaban que el informe se tradujera finalmente en castigos penales para los responsables.
Los nuevos llamados a que se haga justicia se producen después de que el 18 de agosto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Gobierno presentara un informe demoledor en el que se concluye que los estudiantes desaparecidos fueron víctimas de un “crimen de Estado”.
Averiguar lo que sucedió verdaderamente con los 43 estudiantes fue una de las 100 promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador durante las elecciones presidenciales de julio de 2018. La renovada investigación bajo su presidencia vinculó a las autoridades federales, estatales y locales —muchas de ellas no identificadas— con “la desaparición y ejecución de los estudiantes”.
También afirma que se había dado una orden para llevar a cabo la atrocidad de 2014, aunque se abstiene de nombrar a quien dio la orden.
El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes universitarios se dirigían a la Ciudad de México para conmemorar el aniversario de la masacre de Tlatelolco de 1968, en la que las fuerzas gubernamentales mataron a 300 manifestantes estudiantiles.
Órdenes de detención tras el informe de Ayotzinapa
Mientras viajaban por la ciudad suroccidental de Iguala, los estudiantes de Ayotzinapa fueron interceptados por la policía local y las fuerzas militares federales. Se desconoce todavía qué ocurrió exactamente después, ya que la mayoría de los estudiantes desaparecidos nunca fueron encontrados. Pero más tarde se vieron autobuses llenos de balazos en las calles de la ciudad, con las ventanas destrozadas y ensangrentados. Los supervivientes del grupo original de 100 dijeron que sus autobuses también fueron detenidos por policías y soldados armados que abrieron fuego repentinamente.
Nadie ha sido condenado en relación con la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, el nuevo informe ha hecho que se dicten más de 80 órdenes de detención contra miembros del Ejército, la Policía e integrantes de los cárteles de México.
El ex procurador general de México Jesús Murillo Karam —el mismo que dirigió anteriormente la investigación gubernamental sobre la desaparición— se encuentra entre los detenidos por acusaciones que incluyen desaparición forzada y tortura.
La defensa de Murillo Karam argumentó que los delitos atribuidos a su cliente no estaban sustentados, ya que se apoyaban en declaraciones y conferencias de prensa dadas en su momento por el anterior procurador del caso y estaban “sacadas de contexto”.
Aun así, algunos padres de los desaparecidos se niegan a creer que sus hijos estén muertos, alegando la falta de pruebas concretas.
Los agentes “no dicen nada”, dijo don Margarito Guerrero. “Tenemos que seguir luchando pues. No nos vamos a retirar hasta que sepamos algo”. Su hijo de 21 años, Jhosivani Guerrero, junto con dos de sus sobrinos están entre los 43 desaparecidos. Guerrero dice que el hijo, el más joven de los que tiene, trabajaba duro vendiendo agua para ayudar a ganar dinero y disfrutaba estudiando.
Margarito Guerrero no ha dejado de buscar justicia.
El 26 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, reveló que seis de los 43 estudiantes mexicanos fueron “presuntamente retenidos con vida durante varios días en lo que llaman ‘La Bodega Vieja’ y de ahí fueron entregados a un coronel (militar)”.
Encinas dijo que, según el informe, el oficial del Ejército dio la orden de ejecutar a los estudiantes cautivos en la bodega.
“Se presume que seis de los estudiantes permanecieron vivos durante cuatro días después de los hechos y que fueron asesinados y desaparecidos”, añadió.
Pero padres como Maximino Hernández Cruz, que se aferra a los recuerdos de su hijo Carlos (de 19 años) que se desvanecen rápidamente, quieren justicia.
Después de ocho años, sus emociones se han apagado. Sus lágrimas casi se han secado, dejando a su paso una fatiga casi permanente en sus ojos.
“Queremos que los responsables sean castigados (….). Tienen que pagar por lo que hicieron a nuestros hijos”, dijo Hernández Cruz. “Estamos sufriendo. Estamos muertos por dentro”.
Un lugar sagrado
Antes de viajar a la Ciudad de México para sus protestas mensuales, los padres de los 43 desaparecidos se reúnen primero en la pequeña ciudad agrícola de Ayotzinapa. Se juntan en la escuela donde sus hijos vivían, trabajaban y estudiaban. Fotos y murales, recuerdos de “los 43”, rodean el extenso campus rural.
“Te recuerda que ellos también eran parte de Ayotzinapa”, nos dijo un estudiante actual, que solo quiso ser identificado como César, al compartir cómo la desaparición de los 43 ha impactado a compañeros y maestros. “Eran nuestros compañeros, y aunque ellos son los que desaparecieron, sabemos que nos puede pasar a cualquiera de nosotros”.
Bajo el cobijo de un techo de metal fino y paredes expuestas, en lo que fue una cancha de baloncesto, hay 43 sillas de clase vacías con fotos de los desaparecidos. César lo llama un “espacio sagrado”, que los actuales estudiantes de Ayotzinapa respetan no practicando deportes ni poniendo música alta en las inmediaciones.
La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una de las llamadas “escuelas normales” de México en la que se brinda educación a comunidades rurales e indígenas, en su mayoría empobrecidas. Ofrece a los estudiantes en edad universitaria oportunidades que van desde el aprendizaje de conocimientos académicos hasta habilidades orientadas al trabajo, por ejemplo sobre la agricultura.
“Como agricultores no tenemos muchos recursos”, dijo Maximino Hernández Cruz. Explicó que en ese entonces se había sentido agradecido por el hecho de que su hijo pudiera recibir una educación gratuita junto con alojamiento y comida.
“No teníamos suficiente dinero para mandarlo a una escuela privada. Por eso asistió a la Escuela Normal Rural. Les daban a los estudiantes techo, comida, todo lo que querían”, dijo Hernández Cruz.
También se conoce a la escuela por inspirar el activismo, animando a los estudiantes a cuestionar el statu quo y a pedir que rindan cuentas quienes se encuentran en el poder.
“Realmente necesitamos levantar nuestras voces para que la gente nos escuche, escuche nuestras demandas, nuestras necesidades, porque como estudiantes si no alzamos la voz, no nos prestan verdadera atención”, dijo uno de los estudiantes, que pidió ser identificado con el seudónimo “Alexander Mora”.
El joven de 20 años describió la importancia de que la escuela llegue a comunidades desatendidas como las del estado mexicano de Guerrero.
“Tenemos que fomentar que las personas de todos los orígenes estén representadas para que puedan ayudar a cambiar la sociedad para un futuro mejor”, dijo Mora.
Infiltrado por “la corrupción y la violencia de los cárteles”
El viaje a la Ciudad de México desde Ayotzinapa, por carreteras sinuosas y montañosas a través del estado de Guerrero, dura unas cinco horas. La vegetación exuberante oculta lo que los lugareños describen como un lugar infiltrado por la corrupción y la violencia de los cárteles.
El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen al estado debido a la delincuencia y los secuestros. “Grupos armados operan independientemente del Gobierno en muchas áreas de Guerrero”, dice. “Los miembros de estos grupos mantienen con frecuencia carreteras bloqueadas y pueden utilizar la violencia contra los viajeros”.
El recuerdo de los estudiantes de Ayotzinapa y la búsqueda de respuestas y justicia siguen en México.
Los seres queridos de los 43 desaparecidos, ahora dedicados a una vida de activismo, no se inmutan cuando conducen a través del estado como parte de su habitual viaje a la capital, donde marchan colectivamente para pedir justicia.
Cada mes suben a los autobuses que van a la Ciudad de México para protestar, haciendo una ruta inquietantemente similar a la del viaje inconcluso de sus hijos en 2014.
“Si lo dejamos ir, no hay justicia”, dijo Margarito Guerrero. “Va a seguir lo mismo otra vez y otra vez (…) Por eso es lo que luchamos, por justicia”.
No pueden viajar lejos en Guerrero sin ver grafitis y fotos que hacen referencia a “los 43” o a las más de 100.000 personas que se calcula que han desaparecido en México desde la década de 1960.
La suya es solo una muestra del sufrimiento que se extiende por todo informacion.center.
En México, las familias de los desaparecidos han formado más de 130 “colectivos de búsqueda” para investigar las desapariciones por su cuenta, según Human Rights Watch.
Y según un informe de 2022 del Comité Internacional de la Cruz Roja, 40.000 familiares de personas desaparecidas en México a lo largo de los años han participado en sesiones de formación para la búsqueda de sus seres queridos.
Aun así, hay momentos en los que el dolor de Guerrero se ve empañado por un recuerdo esperanzador.
“Recuerdo que siempre aparecía en algún sitio con su suéter al hombro”, dice Guerrero con una sonrisa desgastada. “A veces me dice que va a venir, pero ¿cuándo?”.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
