MARIANO ESCOBEDO. Ayer fue asesinado el candidato del PRI a la presidencia municipal de La Perla, Veracruz, Melquiades Vázquez Lucas, justo unas horas después de que el Gobierno federal anunció una estrategia para proteger a los candidatos a puestos de elección popular.
Con él suman 65 asesinatos políticos en el marco del presente proceso electoral, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de los cuales 10 ya eran reconocidos como aspirantes, precandidatos o candidatos a puestos de elección de acuerdo con un recuento de Organización Editorial Mexicana.
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Las autoridades federales y estatales están en alerta por el riesgo que enfrentan los candidatos al realizar campañas en zonas donde pueden sufrir amenazas o agresiones del crimen organizado, para lo que ya se alistan mecanismos de protección.
Apenas el martes, el dirigente del Partido Ecologista Verde de México en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, anunció que no participará en las elecciones de los municipios de Briseñas, Cotija, Tangamandapio y La Huacana por amenazas contra sus candidatos.
Ayer, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó la Estrategia de Protección de Contexto Electoral que busca evitar que el crimen organizado y de cuello blanco, agredan, intimiden u obliguen a declinar a los candidatos.
Sin precisar detalles sobre la estrategia, la funcionaria informó que se llevarán a cabo mesas de trabajo con la participación de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para proteger a candidatos o aspirantes amenazados.
Informó que en los últimos cinco meses se han registrado 73 delitos y 64 asesinatos en el marco de la contienda electoral; y se tiene registrado que en entidades como Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Baja California, Jalisco, Morelos, Michoacán y Sinaloa existe riesgo para los candidatos y peligro de que grupos criminales intenten incidir en las campañas.
Veracruz es el estado con más asesinatos de candidatos durante este proceso con seis: cinco aspirantes a alcaldes y uno a regidor. Le sigue Guerrero con dos homicidios y Quintana Roo y Guanajuato suman uno, respectivamente.
En Jalisco, figura el secuestro de Álvaro Madera López, precandidato del PRI a la alcaldía de Mezquitic, de quien nada se sabe desde el pasado 11 de febrero.
Este es el segundo proceso electoral federal en el que se instaura un mecanismo para proteger a candidatos. En 2018, el INE y Segob firmaron un convenio para que aquellos candidatos que fueran amenazados recibieran protección especial.
En Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo reconoció que las zonas donde operan grupos de civiles armados que se autodenominan policías comunitarios serán “regiones delicadas” para los candidatos de cara a la elección del 6 de junio.
Aunque el gobernador se negó a nombrar los municipios riesgosos, un informe de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en el estado señala que existen 23 grupos de policías comunitarias que operan en 70 por ciento del territorio guerrerense.
Durante el proceso electoral de 2018, Guerrero fue el estado más violento para candidatos, pues de los 48 homicidios registrados en informacion.center, 14 ocurrieron en este estado, de acuerdo con cifras de la consultora Etelleckt. Además, cerca de 200 aspirantes renunciaron a sus candidaturas debido a que fueron amenazados.
Durante el actual proceso electoral ya han sido asesinados Antonio Hernández Godínez, aspirante del PRD a alcalde de Chilapa, y Efrén Valois Morales, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Pilcaya.
También sufrieron ataques, pero sobrevivieron, Mario Figueroa Mundo, quien busca la presidencia municipal de Taxco por Morena, y Roberto Zapoteco Castro, aspirante del PRI a gobernar Zitlala.
Sin embargo, Héctor Astudillo dijo que en lo que va de este proceso electoral no ha recibido solicitud de seguridad para candidatos e indicó que de llegar, las van a analizar y ayudarán con todo lo que tienen y hasta el límite de sus posibilidades.
En Tamaulipas, los contendientes a cargos de elección popular temen hacer campaña en los ocho municipios fronterizos: Reynosa, Río Bravo, Camargo, Miguel Alemán, Valle Hermoso, Matamoros, Mier y Guerrero.
Hugo Peñaloza Hernández, aspirante de Morena a diputado local, indicó que “en los municipios fronterizos de Tamaulipas se ha tenido la inquietud por parte de los precandidatos de solicitar la seguridad para las campañas que se van a realizar, pues hay zonas donde es difícil realizar los recorridos”.
Lo mismo opinó la dirigente del PRI en Tamaulipas, Mayra Ojeda Chávez, quien agregó que solicitará seguridad para sus candidatos al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), que es la instancia facultada para recibir las peticiones de custodia, de acuerdo con el convenio de colaboración en la materia formado con el gobierno del estado.
“Este convenio de colaboración entre las autoridades electorales nacional y local con el gobierno del Estado, entre otros temas abarca uno en particular, que es la colaboración que debe dar la administración estatal en materia de seguridad y están previstas las solicitudes para que en el momento que se activen se puedan brindar”, dijo el presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre.
Con información de Francisco Zorroza/El Sol de Acapulco, Paulo Monsiváis/El Sol de Tampico y Manrique Gandaria / Abel Miranda / El Sol de Acapulco
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