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En 2015 los agricultores estadounidenses hackearon como protesta y solución los softwares de los tractores de John Deere. Cuando se estropeaban no se podían arreglar: el funcionamiento de estos vehículos de medio millón de dólares estaba bloqueado y solo podía acceder a él un técnico de la marca. La Comisión Federal de Comercio del país demandó a la empresa por obligar a recurrir solo a sus distribuidores autorizados. La marca cedió a la rehabilitación libre en 2023.
No es un caso aislado. Las baterías de los Tesla cuestan entre 10.000 y 40.000 euros fuera de garantía y solo se pueden cambiar con autorización. En 2023 los clientes denunciaron a la empresa para evitar que solo los talleres oficiales realizaran las reparaciones. A la ya conocida obsolescencia programada que afecta a casi todos los dispositivos electrónicos actuales se suma la necesidad de técnicos cualificados, capaces de acometer reparaciones durante la vida útil del aparato. “Suponen elevados costes operativos y salariales si los comparamos con los de fabricación. Resulta más rentable la venta de productos fabricados a través de procesos automatizados en el sudeste asiático con sueldos miserables”, expone Ángel Zurdo, profesor de Sociología del Consumo en la UCM.
Vender sale más rentable que reparar. Cualquier fallo fuera del periodo de garantía sumado al bombardeo publicitario parece abocarnos a la sustitución del dispositivo. Esta es una de las causas de los más de 62 millones de toneladas de basura electrónica anuales, según la ONU. Contra todo esto hay quien se organiza. En Estados Unidos se creó iFixit, una comunidad global de personas ayudándose a rehabilitar sus dispositivos. Abogan por el derecho a reparar. “Si no puedes arreglar algo, significa que no es tuyo”, cuenta Elizabeth Chamberlain, directora de sostenibilidad de la plataforma. Sus creadores empezaron recolectando piezas de portátiles y haciendo manuales que subían a internet. Cuentan con una comunidad internacional estructurada que enseña a arreglar. Cuando cambian el chip, cambia la mentalidad: “Ves tus objetos como sistemas a mantener y no como productos sustituibles”.
La Unión Europea reconoció en 2024 el derecho a reparar con el fin de eliminar las barreras que los fabricantes imponen e incentivar la restauración de los dispositivos por terceros. En España, existe un anteproyecto de ley de consumo sostenible aprobado por el Consejo de Ministros que aboga por lo mismo. En este país han surgido además asociaciones, como Amigos de la Tierra, que organizan formaciones y talleres locales de reparación. “Gente experta ofrece sus habilidades para que no tiremos productos con vida útil”, expone María Durán, del área de recursos naturales de la asociación. Estas iniciativas públicas y privadas buscan atajar un problema comercial evidente, pero no parece que vayan a ser muy útiles lidiando con otro emocional más latente: ¿qué pasa con ese consumismo caprichoso?
Ángel Zurdo ve un fallo estructural en un sistema que promueve el reemplazo constante: “Existe una obsolescencia simbólica, vinculada a la identidad y el estilo de vida. Un objeto obsoleto se determina también por la dinámica de renovación constante de sus modelos”. Así, el profesor cree que es necesario un cambio que redimensione nuestro consumo. “Alargar la vida útil de aquello que consumimos implicaría consumir menos. Pero eso cuestiona grandes pilares capitalistas, como el crecimiento y el beneficio empresarial”, apunta. La solución va más allá de un parche.
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