En caso de aprobarse la ley que elimina el outsourcing, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) advirtió que las empresas internacionales que lo integran saldrían de México, mientras que la American Society aseguró que erradicar esta figura representará la pérdida de inversión de Estados Unidos en México y la desaparición de miles de empleos.
La presidenta del CEEG, Claudia Jañez, dijo que adicionar una rigidez excesiva en México como la pretendida a los mecanismos de subcontratación sumada a pagos exorbitantes por PTU no solo podrían comprometer nuestros planes de inversión y reinversión en México que solemos proyectar entre 5 y 10 años adelante, sino tomar decisiones difíciles, como reubicar parte de nuestras operaciones a otros países.
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Consideró que no se está midiendo a cabalidad el impacto que la iniciativa sobre outsourcing tiene sobre el empleo formal.
Señaló que las empresas globales tienen un compromiso irrenunciable con el estado de derecho, “estamos convencidas de que, para aspirar a un desarrollo económico y social, sostenido e incluyente es fundamental generar un entorno de certidumbre y de confianza a la inversión”.
La actual carga impositiva en México como el Impuesto Sobre Nómina, IMSS, Infonavit, el aumento del 8% en la contribución patronal que tendrá que pagarse a partir del 2023, es alta.
A lo que habría que agregarse los distintos factores de la reforma, como no poder subcontratar, inclusive servicios especializados compartidos en el mismo grupo económico, lo que implica no acreditar IVA, ni solicitar la devolución del ISR y cambiar las escrituras corporativas internas que nos ha llevado décadas construir, más un esquema generalizado de reparto de utilidades, con lo que nos queda un margen muy pequeño para la reinversión en México.
Esto significaría un freno a las operaciones de las empresas que operan en México y por ende la capacidad de mantener los empleos hoy ya de por sí comprometidos por la contracción económica.
Sería una tristeza que se pusiera en jaque las inversiones que representan las 54 empresas internacionales del CEEG como los 2 mil 445 millones que se reinvirtieron en el 2019, señaló.
“Representamos aproximadamente el 10% del PIB, generamos aproximadamente 500 mil empleos directos, 1.5 de millones de empleos indirectos, todos ellos con salarios promedio mucho más altos que el promedio nacional.
“Con nuestra inversión y con la reinversión de utilidades no solo generamos más empleos, también capacitamos a más personas, construimos mejor infraestructura, impulsamos tecnología de vanguardia, contratamos a más proveedores nacionales y multiplicamos las oportunidades de desarrollo de las comunidades en las que operamos”, añadió.
Coincidió con el gobierno en que las prácticas fraudulentas de utilizar el régimen de subcontratación de manera dolosa, con el fin de evadir obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales deben ser erradicadas por completo y las que existan, sancionarlas con total rigor.
Por lo que es momento, expuso, que “ninguna reforma saque del mercado a las empresas y los empleos que sí cumplimos y sí generamos”.
Algunas de las empresas que integran el CEEG son Fiat Chrysler Automobiles, GM, Bayer, Axa, Dupont, Daimler, Exxon Mobil, Arcelormittal, AT&T, Basf, Bosch, BP, Cargill, Caterpillar, Brookfield, Citibanamex, DHL, Danone, Fedex, GE, Grupo Modelo, HSBC, Honeywell y Holcim.
Por su parte, Larry Rubin, presidente de la American Society, aseguró que erradicar la subcontratación representará una pérdida de inversión de Estados Unidos en México, así como desaparecer miles de empleos.
Explicó que son pocos los países del tercer mundo que no ofrecen este esquema de contratación laboral, siendo un instrumento competitivo para las empresas de cualquier entidad. No tener subcontratación en México, representaría la pérdida de empleo directo y de inversión al país. Se trabaja para promover con el Ejecutivo y Legislativo, que haya opciones y se regule el mercado de subcontratación.
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