La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una ambiciosa iniciativa ante la Cámara de Diputados: la creación de la “Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar”. Esta propuesta busca establecer un marco regulatorio que optimice las inversiones públicas y privadas dirigidas a obras estratégicas del Estado.
Una de las metas clave de esta ley es conferir certeza jurídica al “Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030”, que fue expuesto por la mandataria el pasado 3 de febrero. Este plan establece un objetivo monumental: alcanzar una inversión histórica de 5.6 billones de pesos para proyectos esenciales para el gobierno hacia 2030. La integración de inversión privada aparece como un mecanismo crucial para acelerar la ejecución de dichos proyectos, ampliar la capacidad financiera y atender de forma efectiva las necesidades colectivas, todo ello bajo la rectoría del Estado.
La iniciativa presenta un extenso marco normativo de 141 artículos, donde se propone regular las inversiones destinadas al desarrollo sostenible y el bienestar social. A través de la creación de vehículos de coordinación, se busca canalizar recursos mediante mecanismos de inversión, co-inversión y financiamiento. Este enfoque implica una colaboración estrecha entre los sectores público, privado y social.
Asimismo, la reforma establece un marco para los contratos de inversión estratégica y la creación del Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura. Este consejo, con carácter permanente y sin personalidad jurídica propia, será responsable de definir criterios técnicos y formular recomendaciones sobre las políticas de desarrollo en la inversión estratégica en México.
En el aire de la propuesta destaca que la participación del sector público en esquemas mixtos puede ser mayoritaria, minoritaria o paritaria, adaptándose a las necesidades y viabilidad de cada proyecto, sin establecer porcentajes obligatorios. Esto introduce flexibilidad en la planificación y ejecución de obras, permitiendo un enfoque más dinámico y adaptado a las circunstancias.
Además, se contempla un esquema de participación mixta donde tanto el sector privado como el social podrán colaborar en diversos aspectos de la ejecución de proyectos. Este enfoque implica que los riesgos, costos y beneficios se comparten entre las partes interesadas, promoviendo un sentido de corresponsabilidad en las inversiones.
Es relevante señalar que cualquier participación por parte de actores privados en estos proyectos deberá contar con la aprobación del Consejo de Planeación Estratégica. Este consejo también ejercerá la facultad de seleccionar los proyectos que se integren a los mecanismos de inversión, aunque su decisión no altere aspectos presupuestarios o de deuda del gobierno.
Para complementar esta legislación, el Ejecutivo Federal tendrá la capacidad de otorgar estímulos fiscales que incentiven la participación en proyectos orientados al desarrollo con bienestar.Asimismo, se introducen modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para incluir la definición de Proyectos para el Desarrollo con Bienestar, asegurando así mejor seguimiento y gestión de recursos.
Con esta iniciativa, se busca no solo modernizar el marco de inversión en infraestructura, sino también fomentar un ambiente propicio para la colaboración entre diferentes sectores, promoviendo el desarrollo a través de un enfoque de bienestar social. En un contexto donde la infraestructura es un pilar fundamental para el crecimiento económico, esta propuesta aparece como una respuesta integral a las demandas actuales de la sociedad mexicana.
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