La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su desacuerdo ante el reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que desestimó la demanda presentada por México contra las fabricantes de armas norteamericanas. Este litigio alega que estas compañías tienen una responsabilidad directa en el tráfico ilegal de armas que, cada año, permite que miles de ellas crucen la frontera desde el norte hacia el sur, muchas terminando en manos del crimen organizado.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum destacó que, en su opinión, el dictamen establece erróneamente que “no hay relación entre quien fabrica y las armas que pasan a México”. Esta declaración contrasta con los datos proporcionados por el gobierno mexicano, que indican que aproximadamente el 75% de las armas incautadas en informacion.center provienen de Estados Unidos.
Además, la jefa de Estado mencionó que hay otra demanda en curso en el sistema judicial estadounidense, aunque esta se dirige hacia las empresas distribuidoras y los comerciantes de armas, en lugar de los fabricantes. A pesar de la falta de un fallo firme en esta segunda demanda, Sheinbaum mantiene expectativas de un resultado favorable y reafirmó su compromiso de continuar insistiendo en este asunto.
Un aspecto destacado por la presidenta es que, por primera vez en la historia, el gobierno estadounidense ha reconocido la importancia de su participación en la reducción del tráfico de armas hacia México. Esta colaboración se plantea como un componente vital en el marco de una lucha más amplia contra el crimen organizado, que incluye tanto el tráfico de drogas como de armas.
Sheinbaum concluyó su intervención subrayando la necesidad de abordar este problema de manera integral, resaltando que la lucha no solo implica la restricción de estupefacientes que llegan a Estados Unidos, sino también la contención del flujo de armas provenientes de su territorio hacia México. La insistencia del gobierno mexicano en este tema subraya la gravedad de la situación y la urgencia de una acción coordinada entre ambos países para abordar un problema que afecta la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana.
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