La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado con firmeza su preocupación por el reciente acuerdo de culpabilidad alcanzado por Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con la justicia de Estados Unidos. Este acuerdo, que se produce tras la detención de Guzmán en un operativo en Sinaloa que resultó en la muerte de soldados mexicanos, ha avivado el debate sobre la necesidad de una mayor coordinación con la Fiscalía General de la República. Durante su conferencia de prensa habitual, Sheinbaum resaltó las tensiones que persisten entre el gobierno mexicano y la administración estadounidense en temas de seguridad, destacando dos puntos críticos.
En primer lugar, los acuerdos de culpabilidad que permiten a figuras del crimen organizado obtener beneficios judiciales han generado inquietud. En segundo lugar, la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, un alto mando del Cártel de Sinaloa, sigue siendo un tema candente, con el gobierno mexicano exigiendo explicaciones sobre el operativo que llevó a su captura el año pasado.
Sheinbaum cuestionó la manera en la que el gobierno estadounidense se refiere a las organizaciones delictivas en México y subrayó el principio de que “Washington no negocia con terroristas”. Afirmó que su administración no protege a ningún delincuente, enfatizando la necesidad de trabajar en conjunto con las autoridades judiciales estadounidenses. La jefa de Estado exigió que haya una colaboración más efectiva para abordar estos temas de seguridad que afectan directamente a México.
El continuo interés del Palacio Nacional en la detención de Zambada revela la relevancia que tiene esta cuestión en las relaciones bilaterales. Además, el hecho de que Sinaloa tenga las tasas de homicidio más elevadas del país dramatiza la urgencia en la atención de estos problemas. En este contexto, los mexicanos esperan respuestas por parte de su gobierno, así como un enfoque más colaborativo por parte de Estados Unidos.
Mientras tanto, un ambiente de incertidumbre persiste sobre los acuerdos de culpabilidad y sus implicancias en la lucha contra el narcotráfico. A esto se añaden las preocupaciones en torno a los recientes retiros de visas de turismo a ciertas figuras relacionadas con la administración actual, así como las acusaciones de la Secretaría del Tesoro de EE. UU. sobre instituciones financieras mexicanas involucradas en el lavado de dinero del crimen organizado.
Estas dinámicas evidencian un contexto complejo y multidimensional en las relaciones entre ambas naciones, donde la demanda de transparencia y colaboración es más urgente que nunca.
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