La Secretaría de Energía publicó hoy la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el Diario Oficial de la Federación.
Será el día de mañana cuando dicha reforma entré en vigor, la cual “fortalece” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a privadas y extranjeras.
El principal cambio de la reforma, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es eliminar el criterio económico para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables.
También ordena revisar los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
¿Una expropiación?
La iniciativa de López Obrador, enviada al Congreso el 1 de febrero, revive los fantasmas de la expropiación o lo que algunos expertos consideran una nacionalización encubierta en el sector energético.
“No queremos expropiar por expropiar, no hemos hecho ninguna expropiación desde que estoy en el Gobierno, esto lo digo para que nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, no infundan miedo a los inversionistas ahora con la reforma eléctrica”, expresó en su momento el presidente.
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Pero aunque no implica la toma directa de bienes por parte del Estado, las empresas podrán argumentar una “expropiación indirecta” en instancias internacionales, considera Carlos Ramos, socio de la firma internacional Hogan Lovells.
“Hay otros tipos de expropiación que tienen que ver con acciones del Estado que hacen que una propiedad o derechos se vean vulnerados, de tal manera que llegue un momento en el que ya no sea viable poder aprovechar esa inversión”, explica.
Con información de EFE
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