(CNN Español) – El pleno del Senado de México debate este miércoles la iniciativa de reforma constitucional en materia energética que da prioridad al Estado en la generación de energía eléctrica. El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados el 9 de octubre.
La reforma, que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, otorga al Estado la responsabilidad de la transición energética hacia fuentes renovables, y establece que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelvan a considerarse empresas públicas estatales. Además, propone que “en ningún caso”, las empresas privadas prevalecerán sobre la estatal en diversas actividades de la industria eléctrica. Y que, en el caso del litio, no se otorgarán concesiones a los privados.
Asimismo, establece que la CFE deberá proveer electricidad al menor precio posible evitando el lucro para garantizar la seguridad nacional y la soberanía.
Desde su habitual conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que el objetivo de esta reforma es que la CFE tenga al menos 54% de la generación de energía y 46% lo puedan proveer empresas privadas a partir de una planeación energética y “reglas muy claras”.
El proyecto de reforma establece “que si la generación de CFE pasa del 50%, no se considera monopolio”.
Otra de las modificaciones establecidas en dicha iniciativa es la eliminación de un párrafo de la Constitución que deja al Estado mexicano “a cargo de la transición energética” hacia fuentes renovables y no contaminantes, una disposición que, según el oficialismo, exime a los privados de responsabilizarse en dicha labor.
“En ese párrafo no quedaba claro exactamente a que se referían, formalmente era para la transición energética, pero en el párrafo no queda claro si era solo obligación del Estado, la planeación de la transición o también la producción de todas las fuentes renovables de energía”, dijo Sheinbaum.
La oposición señala que esta reforma afectará a todos los mexicanos, debido a que puede resultar más costosa y menos eficiente.
“Esta reforma nos regresa hacia un modelo económico obsoleto que ya ha demostrado muchas veces sus limitaciones y sus fallos en perjuicio de la economía familiar, comunitaria y nacional. Es historia sabida y conocida que, bajo monopolios, los costos de todos los servicios tienden a aumentar mientras que la calidad disminuye”, argumentó el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas, el lunes pasado durante la discusión del dictamen en comisiones del Senado.
Sin embargo, analistas advierten sobre algunas “ambigüedades” contenidas en esta reforma energética impulsada por el oficialismo, y que fue enviada el 5 de febrero por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso dentro de un paquete legislativo.
Expertos consultados por CNN señalan que, entre los cambios contemplados en el proyecto de reforma, uno de los que más destaca es la eliminación en el texto constitucional del concepto “empresas productivas del Estado” para establecer el de “empresas públicas del Estado”.
“La implicación, por desgracia, es muy grande, principalmente porque pueden realizar y proponer proyectos que no tengan rentabilidad económica”, dijo a CNN Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC y especialista en el sector energético.
Monroy opinó que, si bien lo anterior puede considerarse “prioritario” o “estratégico” para informacion.center esto les permite cambiar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
“Esto significaría que la Secretaría de Hacienda aun sabiendo que perdería dinero, se lo enviaría al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación”, apuntó Monroy.
Otro de los puntos que establece la iniciativa y que destacan los analistas consultados es la parte de la prevalencia de lo público sobre lo privado en la industria eléctrica.
“El 54% (para el sector público) y 46% (para el sector privado) de generación de energía será seguramente discutido, y eventualmente aprobado, en una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, una reforma a leyes secundarias que vendrá seguramente en los próximos meses”, refiere Monroy.
Monroy señala que en esta iniciativa oficialista el concepto de “prevalencia” en la generación de energía busca “cobijar legalmente” a la reforma eléctrica de 2021 presentada por el expresidente López Obrador y que fue rechazada en el Congreso de la Unión en abril de 2022.
López Obrador argumentaba que el proyecto de ley habría protegido a los consumidores y habría hecho al país más independiente energéticamente.
Con la intención de revertir la reforma eléctrica de 2013 que liberalizó el mercado, la iniciativa de López Obrador buscaba que las plantas de la CFE vendieran la electricidad antes que las compañías privadas, es decir, tenía la intención de limitar la participación privada en el sector, cancelando contratos de inversión.
La semana pasada, durante la conferencia presidencial, la secretaria de Energía, Luz Elena González, descartó que la reforma energética privatice la generación de energía en informacion.center y, por el contrario, afirmó que con ella se está regulando.
González insistió en que se favorecerá la generación de “energía limpia y favorable”, por lo que se considera también al litio e internet “áreas estratégicas del Estado”.
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