El reciente fallo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha captado la atención tanto de la comunidad política como de la ciudadanía en Guerrero. La Corte declaró infundado el recurso interpuesto por el Congreso del Estado, lo que confirma la admisión de la controversia constitucional promovida por el ayuntamiento de Acapulco. Este caso surge en el marco del procedimiento de Revocación de Mandato contra Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, y se centra en la suspensión de los juicios relacionados hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Según la sentencia, emitida por Arístides Guerrero García y respaldada por unanimidad, la suspensión no busca anular la aplicación de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, sino que su objetivo es evitar que se ejecuten resoluciones que podrían llevar a efectos consumados, dejando sin materia la controversia misma. Esta decisión se origina tras las denuncias presentadas por ciudadanos que buscan remover a la presidenta municipal, lo que provocó que el Congreso local iniciara los procedimientos de Revocación de Mandato.
El síndico municipal, en respuesta, argumentó ante la SCJN que dichos procedimientos eran inválidos, lo que llevó a la Corte a ordenar la suspensión temporal de cualquier acción del Congreso relacionada con las dos denuncias. Esta medida dio lugar a la descontento del Congreso, que presentó un recurso de reclamación contra la suspensión. Sin embargo, la Corte determinó que el otorgamiento de esta suspensión temporal estaba justificado y no cancelaba los juicios ni dejaba sin efecto la ley.
Así, la Suprema Corte ha confirmado que la suspensión servirá para mantener la situación actual de manera provisional, con el objetivo de evitar decisiones apresuradas que podrían influir en el resultado final. Con este contexto, la atención se centra ahora en cómo se desarrollará el proceso legislativo y qué implicaciones tendrá para la administración municipal en Acapulco. La resolución de la SCJN no solo repercute en la política local, sino que también plantea preguntas sobre la validez y la transparencia de los procedimientos de Revocación de Mandato en México.
Es importante resaltar que esta información corresponde a la fecha del 23 de enero de 2026, y se espera que los desarrollos futuros en el caso proporcionen mayor claridad respecto a la situación política en Guerrero.
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