Morena impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la multa de 28 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a Movimiento Ciudadano por las triangulaciones indebidas y millonarias que la familia de Samuel García realizó para su campaña, y ahora, exigen que se le retire el registro de partido político nacional y el gobernador electo de Nuevo León también sea multado.
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El diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, fue quien interpuso esta impugnación tal como lo advirtió en la sesión del 22 de julio, cuando criticó que la multa era mínima al estar frente a triangulaciones ilícitas de las que no está claro el origen.
Adelantó que, de noviembre de 2020 a abril pasado, la madre y hermanos de Samuel García realizaron triangulaciones a Movimiento Ciudadano por 17.8 millones de pesos, de los cuales más de 14 millones de pesos se realizaron en periodo de campañas y la Unidad Técnica de Fiscalización acreditó que, por lo menos, 12.5 llegaron directamente a la campaña de García luego de que el partido lo hiciera pasar como donaciones de proveedores.
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Las transferencias se realizaron directamente de las cuentas de la familia de Samuel García y de empresas con características de fachada, a las del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano, cantidades que después se transfirieron al partido en Nuevo León y posteriormente, se registraron como donativos de proveedores que quisieron apoyar la campaña.
En la impugnación presentada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, el representante de Morena señala que “la pretensión de este medio de impugnación es que (…) se ordene la cancelación del registro del partido Movimiento Ciudadano nacional al actualizarse la causal de nulidad, al acreditarse hechos que constituyen violaciones graves, dolosas, reiteradas y determinantes de los principios constitucionales que rigen en materia electoral en específico equidad y certeza, y que ponen en riesgo la legalidad del proceso electoral por la utilización dolosa de recursos provenientes de entes prohibidos por la ley”.
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