A partir del 9 de enero de 2026, México implementará una regulación significativa: todas las líneas telefónicas móviles deberán estar vinculadas a un nombre y un apellido, o a una razón social. Esta medida, presentada por el Gobierno como un componente esencial en la lucha contra la extorsión y el fraude telefónico, busca contrarrestar la creciente incidencia de delitos que han prosperado gracias a la facilidad de activar números desechables.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó la nueva normativa a principios de diciembre de 2025, marcando una transformación en la identificación de usuarios. Anteriormente, la identificación del titular era común en planes de pospago, donde los usuarios pagaban una tarifa fija. Sin embargo, ahora esta norma se aplicará universalmente, sin distinción entre planes mensuales y números de prepago. Cada línea deberá contar con un titular claramente identificado, obligando a todos los usuarios a registrarse.
Esta iniciativa no surge de la nada. Se inscribe en el contexto de la actual campaña del Gobierno liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que se ha propuesto combatir la extorsión, un delito que ha afectado profundamente a la población. Entre julio y noviembre de 2025, más de 59,000 ciudadanos llamaron al número de atención 089 para reportar intentos de extorsión, y aproximadamente 9,400 de ellos identificaron los números de los que provenían estas amenazas. Estos datos reflejan un panorama alarmante de impunidad, ya que la mayoría de los casos no se resuelven.
El registro comenzará el 9 de enero de 2026, y la empresa Telcel ha indicado que los usuarios podrán llevar a cabo el trámite de vinculación de manera presencial y remota. En caso de no lograrlo en tres intentos, será necesario acudir a un centro de atención al cliente. Además, la compañía dispondrá de un portal donde los usuarios podrán verificar si una línea está registrada bajo su CURP (para personas físicas) o RFC (para personas morales).
El plazo final para completar el registro es el 29 de junio de 2026; después de esta fecha, todas las líneas no vinculadas serán suspendidas. Para la vinculación, los usuarios deberán presentar documentación adecuada: credenciales como la identificación del INE, un pasaporte o CURP biométrica en el caso de personas físicas, y documentos específicos para personas morales.
La responsabilidad de almacenar la información recaerá sobre los operadores de telefonía, quienes también deberán asegurar la protección de los datos personales de sus usuarios.
La tendencia hacia la identificación obligatoria de líneas móviles no es exclusiva de México. En la última década, varios países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile y Colombia han implementado regulaciones similares. Estos enfoques requieren verificar la identidad de los usuarios antes de activar una línea, utilizando a menudo registros exhaustivos y validaciones en tiempo real, incluyendo datos biométricos como huellas dactilares o fotografías.
Con esta nueva regulación, el Gobierno espera no solo disminuir la incidencia de delitos relacionados con la extorsión y el fraude telefónico, sino también generar un entorno más seguro para los ciudadanos.
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