La recién aprobada reforma en materia de pensiones, que impone un tope a las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro (Afore), vulnera la competencia en la industria y el ahorro de los trabajadores, advirtió el organismo cúpula del sector.
La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) reconoció los cambios legislativos en la materia los cuales, recordó, fueron propuestos originalmente por el sector privado, pero criticó las medidas que se tomaron sobre las comisiones.
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“Reiteramos que la posibilidad de establecer controles de precios máximos vulnera la competencia en la industria y, por tanto, actúa en detrimento de los ahorros de los trabajadores”, dijo el organismo en un comunicado.
Esta semana, el Congreso aprobó la reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en la que se dispuso un tope máximo de 0.54 por ciento a las comisiones que cobran las afore, con base en los mercados de Chile, Colombia y Estados Unidos.
La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) refirió recientemente que la comisión promedio que cobran las 10 afores que operan en informacion.center es de 0.92 por ciento actualmente, la cual bajaría a un máximo de 0.86 por ciento el próximo año.
De acuerdo con la Amafore, el tope a las comisiones impuesto por el poder Legislativo transgrede la legalidad en materia de competencia, como ha señalado la propia Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y viola tratados internacionales que protegen la inversión en México.
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Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) opinó que la reforma que trastoca las comisiones es perjudicial, porque distorsiona al mercado.
En un comunicado, el organismo privado refirió que los controles de precios son dañinos porque provocan una brecha entre oferta y demanda, lo que deteriora la calidad de los productos que se ofrecen y propicia la aparición de mercados negros.
“Es muy preocupante que varios fondos privados de pensiones, que gestionan alrededor de 4.5 billones de pesos, ya no podrían operar y terminarían reduciendo las opciones disponibles para los trabajadores, con el consecuente deterioro en la competencia, dada la concentración en menos administradoras e inhibiendo la entrada de nuevos oferentes”, señaló.
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