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title: "Reforma a la Ley de Relaciones Inquilinarias busca establecer un tope a los aumentos de alquileres en la Ciudad de México"
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language: es
publisher: "Información Center"
section: "Cultura y Estilo"
published: 2026-10-16T22:47:29.000Z
updated: 2026-10-17T03:09:24.649Z
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# Reforma a la Ley de Relaciones Inquilinarias busca establecer un tope a los aumentos de alquileres en la Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha presentado una iniciativa para reformar la Ley de Relaciones Inquilinarias en la capital mexicana. Esta propuesta busca establecer un tope a los aumentos de alquileres y garantizar que las rentas sean justas y accesibles para todos.

Entre las medidas propuestas se encuentra la modificación de los plazos mínimos de arrendamiento, con el objetivo de fomentar las rentas a largo plazo. Además, se busca incentivar la estabilidad en los contratos de alquiler y establecer nuevos derechos y obligaciones para ambas partes involucradas.

La iniciativa también contempla la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento, lo que permitiría una mayor transparencia y seguimiento de las operaciones inmobiliarias. Además, se propone la creación de una Defensoría de Relaciones Inquilinarias y un Gabinete Acompañamiento Social ante Despojos para apoyar a los habitantes de la ciudad.

Entre las disposiciones más novedosas destacan las que buscan evitar la discriminación hacia aquellos que buscan rentar por tener infancias o animales de compañía. Se busca garantizar que estos individuos tengan acceso igualitario a la vivienda en la Ciudad de México.

Las multas propuestas podrían alcanzar hasta los $46,924 para aquellos que aumenten la renta más allá de lo permitido por la ley. Esta medida busca asegurar que los alquileres sean justos y accesibles para todos, evitando así cualquier forma de explotación o abuso por parte de los propietarios inmobiliarios.

La iniciativa busca establecer un nuevo marco legal para regular las relaciones entre arrendadores e inquilinos en la Ciudad de México. Para lograr esto, se propone una reforma al Código Civil y la creación de la Ley de Relaciones Inquilinarias.

La ley contempla un mecanismo para evitar que los arrendadores terminen un contrato con su arrendatario para establecer uno nuevo con otro inquilino a un precio más alto. Esto se busca prevenir cualquier forma de explotación o abuso por parte de los propietarios inmobiliarios.

El tope a la renta no estará relacionado con el contrato entre el arrendador y un arrendatario en particular, sino que será un límite establecido para el inmueble en sí. Esto significa que el aumento anual de la renta no podrá superar la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año anterior al contrato.

El artículo 1 de la iniciativa de ley establece esta disposición general, lo que garantiza que los aumentos de renta sean justos y accesibles para todos. Sin embargo, se contempla una excepción: si el propietario ha realizado mejoras sustanciales a la vivienda, podrá solicitar un permiso para aumentar la renta por encima de la inflación.

En este sentido, las autoridades tendrán la facultad de evaluar y aprobar o rechazar cualquier solicitud de aumento de renta que supere el límite establecido. Esto busca garantizar que los propietarios inmobiliarios no exploten a los arrendatarios y que se mantengan los precios justos en el mercado de alquileres de la Ciudad de México.

La Ley de Relaciones Inquilinarias de la jefa de Gobierno propone crear un registro digital de contratos de arrendamiento habitacional para garantizar la transparencia en las operaciones inmobiliarias.

Este registro será gestionado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y deberá incluir información como el nombre de los involucrados en el contrato, la ubicación y superficie del inmueble, el monto del depósito, el plazo del contrato y el tipo de garantía.

Los arrendadores serán responsables de proporcionar esta información y entregar una copia del depósito a los arrendatarios dentro de un plazo determinado. Además, deberán acreditar que se realizó el trámite mediante un comprobante entregado en los 30 días posteriores al registro del contrato.

En caso de incumplimiento, las multas pueden ser significativas. Si los arrendadores establecen un monto superior al de la inflación reportada por el INEGI el año anterior, podrían recibir una sanción de entre $11,731 y $46,924.

La Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas contempla varias sanciones para los arrendatarios que incumplen con las normas establecidas. Por ejemplo, si un inquilino utiliza el inmueble para fines distintos a los habitacionales, podría enfrentar una multa de entre $5,865.50 y $11,731.

Además, realizar modificaciones al inmueble sin el consentimiento del propietario también ameritaría una sanción. La multa en este caso podría ser de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA's), lo que equivaldría a entre $5,865.50 y $23,462.

La Ley también busca proteger los derechos de las personas con infancias y animales de compañía. Se propone incluir en cada contrato una cláusula que establezca que la cohabitación con niños y mascotas no es un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las partes involucradas.

La iniciativa de la jefa de Gobierno también contempla prohibir la discriminación en los contratos de renta. Se prohíbe cualquier tipo de discriminación por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidad, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, orientación sexual, identidad de género y estado civil.

La propuesta de la jefa de gobierno también contempla prohibir a los propietarios de inmuebles cobrar gastos relacionados con la contratación de intermediarios para la elaboración del contrato de arrendamiento.

Esto incluye el pago por consultas de historial crediticio, verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales y contratación de pólizas jurídicas. Según la iniciativa, estos gastos serán responsabilidad del propietario.

La Ley de Relaciones Inquilinarias también busca modificar el Código Civil de la Ciudad de México. Entre las propuestas está derogar el artículo 2309, que establece un plazo mínimo de un año para arrendamientos de habitaciones individuales.

La iniciativa ya se encuentra en el Congreso de la Ciudad de México y, si es aprobada, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial.

La iniciativa busca establecer un tope a las rentas en la Ciudad de México y ahora se encuentra en el Congreso local para su análisis.

Entre los artículos transitorios de la ley, la jefa de Gobierno tendría la facultad de emitir una resolución que incentive la renta a largo plazo y aumente la oferta de vivienda en renta. De acuerdo con lo establecido, se otorgarían beneficios a propietarios de inmuebles que celebren contratos de arrendamiento multianuales o aumenten la oferta de vivienda en renta asequible.

La ley aún no tiene fecha para su posible entrada en vigor, dependiendo de la aprobación del Congreso de la Ciudad de México.

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