Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se encuentra en el centro de la atención política tras proponer una reforma electoral que promete modificar la distribución de asientos en el Poder Legislativo y la financiación de los partidos políticos. Esta iniciativa, que forma parte de sus compromisos asumidos durante la campaña, ha desatado reacciones encontradas, especialmente dentro de la coalición que integra Morena, donde el Partido del Trabajo (PT) ha expresado serias reservas.
Las modificaciones planteadas se centran en la eliminación de candidaturas plurinominales y en cambiar el esquema de financiamiento público, dos aspectos considerados esenciales para el PT y el Partido Verde, quienes temen que se vea comprometido su poder dentro de la unión oficialista. Un dirigente del PT ha afirmado contundentemente que “el proyecto en el Congreso no pasa”, sugiriendo que la propuesta carece del respaldo necesario para avanzar en el proceso legislativo.
Las tensiones internas de la 4T (la Cuarta Transformación) se han reavivado, con debates acalorados sobre la legitimidad de las encuestas que Sheinbaum planea llevar a cabo para respaldar su propuesta. Algunos líderes críticos dentro del PT consideran estas encuestas como “trampas”, argumentando que la formulación de las preguntas podría influir en la percepción pública hacia la eliminación del financiamiento estatal a los partidos, un aspecto crítico que podría dar poder a intereses privados o al crimen organizado en la política.
Además, el descontento dentro del PT se amplifica al señalar que se había alcanzado un acuerdo para no realizar cambios en la legislación electoral tras la prohibición del nepotismo y las reelecciones de cara a los comicios de 2027. La implementación de nuevos anuncios por parte de Sheinbaum no ha hecho más que intensificar este malestar, especialmente en un periodo donde la coalición comienza a preparar sus estrategias para el futuro electoral.
A medida que se avanza hacia las elecciones de medio término, las diferencias entre los tres partidos de la alianza oficialista se hacen más evidentes. Tanto el PT como el Partido Verde han afirmado que no otorgarán un “cheque en blanco” a Morena para avanzar con esta reforma, sugiriendo que la posibilidad de una colaboración fluida se ve amenazada por intereses divergentes y por la búsqueda de la influencia política en el panorama electoral que se vislumbra en el horizonte.
La situación actual plantea un escenario complejo en el que las definiciones políticas tomarán un papel protagónico en el desarrollo del periodo electoral. La necesidad de alcanzar un consenso parece apremiante, sin embargo, el camino hacia la aprobación de la reforma electoral enfrenta claros obstáculos dentro de la misma coalición. Con las tensiones en aumento, es evidente que cualquier avance en este ámbito es objeto de vigilancia crítica por parte de las distintas facciones que componen la alianza.
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