El calvario judicial del PP escribe este jueves un nuevo capítulo. El magistrado Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha propuesto enviar al banquillo a la cúpula política y policial del Ministerio del Interior durante el mandato del primer Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2015) por la operación ilegal de espionaje a Luis Bárcenas urdida en 2013, que tenía como presunto objetivo arrebatar al extesorero popular papeles comprometedores para altos cargos del partido para evitar que llegaran al magistrado Pablo Ruz, que entonces investigaba el caso Gürtel y la caja b de la formación.
Pese a este duro golpe infligido a la fuerza política liderada por Pablo Casado, el juez ha acordado a su vez archivar las pesquisas contra María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, imputados hasta ahora y señalados por la Fiscalía Anticorrupción como la otra pata que ordenó este despliegue irregular.
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Los indicios logrados durante la instrucción de la denominada Operación Kitchen son suficientemente sólidos a juicio del magistrado Manuel García Castellón para llevar a juicio al núcleo duro del Ministerio del Interior por una operación pagada con fondos reservados y hecha a espaldas del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investigaba la financiación ilegal del PP dentro del sumario abierto por el caso Gürtel.
García Castellón, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, ha resuelto en un auto que ha comunicado hoy llevar a juicio a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior cuando se produjeron los hechos —entre julio de 2013 y julio de 2015—; a su número dos, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y a parte de la cúpula policial de entonces: desde el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, hasta el comisario José Manuel Villarejo, imputado en una treintena de investigaciones donde se le acusa de dirigir una mafia policial que delinquió para favorecer a decenas de empresarios privados y al Partido Popular.
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El magistrado también señala entre los supuestos culpables de la Operación Kitchen al inspector Andrés Gómez Gordo, que fue durante algunos años alto cargo y asesor de Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla la Mancha. Sin embargo, la exsecretaria general del PP y expresidenta de Castilla-La Mancha no se tendrá que sentar en el banquillo. El juez archiva la causa abierta contra la exdirigente popular y también contra su marido, Ignacio López del Hierro. Este empresario, al igual que Cospedal, mantuvo un contacto permanente con el comisario José Manuel Villarejo, que le contaba con detalle investigaciones abiertas que estaban secretas o que ni siquiera conocía el juez instructor.
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