“Prevemos un aumento elevado del fraude con los fondos covid”

Cuando a Concha Sabadell le preguntan si pasa frío en Luxemburgo, responde, simplemente, que ella es de Burgos. Motor de la acusación en el caso Gürtel, donde el extesorero del PP Luis Bárcenas la llamaba despectivamente “la niña”, es la representante española en la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), un órgano que empezó a funcionar el 1 de junio de 2021 y que vela por los intereses económicos de la Unión Europea. La institución ha logrado ya su primera condena —a un exalcalde de Eslovaquia por fraude de subvenciones— y ha emitido escritos de acusación para ir a juicio en varios países. En España aún no. “Vamos un poco más lentos que otros Estados, pero tenemos el compromiso firme de que todo va a ser más rápido”, afirma.

Después de 15 años en la Fiscalía Anticorrupción, para Sabadell el “siguiente paseo” en la carrera era dar el salto a la EPPO, que en su opinión va a ser un nuevo pilar de la construcción europea. “Es un punto de inflexión. Dará cohesión y reforzará el Estado de derecho. Si lo hacemos bien, mejoraremos la confianza de los ciudadanos en la UE porque verán que su dinero realmente se destina a los fines que corresponden y no acaban en manos de quien no toca. Demostraremos que somos las instituciones, y no los populismos, los que podemos acabar con la corrupción”, dice en una entrevista por videoconferencia desde la sede central de la EPPO, en Luxemburgo.

Los objetivos de la Fiscalía Europea —a la que se han sumado, por ahora, 22 de los 27 socios del club— son limitados. Investiga delitos (malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, fraude de IVA) siempre que atenten contra los intereses financieros de la UE. Por ejemplo, el manejo de fondos comunitarios. Por eso una de las grandes preocupaciones son ahora los fondos de recuperación de la pandemia.

“Prevemos un aumento elevado del fraude y vamos a estar muy atentos. En España, los mayores problemas son con los fondos comunitarios, no solo los fondos covid”, reflexiona sobre los primeros ocho meses de trabajo. En este tiempo, Sabadell y su equipo —cuenta con siete fiscales delegados, de los cuales cinco son fiscales y dos, jueces— han recibido un centenar de denuncias de particulares y otras 80 de autoridades. Tras examinar su veracidad y la competencia, han abierto una veintena de diligencias de investigación.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países de la UE, donde los jueces de instrucción tienen el papel protagonista, aquí son los fiscales quienes investigan los casos de principio a fin y los llevan a juicio. Sabadell ha participado en el diseño de la estructura “desde cero”, y cree que se han puesto en marcha suficientes garantías para conseguir una fiscalía “totalmente independiente” del poder político y de los estados miembros. Los 140 fiscales delegados llevan los casos —en general, por parejas— pero pueden recibir “instrucciones” de una sala permanente formada por tres fiscales que, en cada caso, “se elige de forma aleatoria por un sistema informático”.

“Así se garantiza la independencia. Es muy difícil que se pueda interferir políticamente en tres fiscales que además son de tres países distintos”, cuenta Sabadell. Si el fiscal decide acusar y llevar a juicio, la sala no puede impedirlo. Cuando alguna medida afecta a derechos fundamentales (registros en domicilios, intervenciones telefónicas) los fiscales han de pedir autorización al juez de garantías, que en España es un juez de la Audiencia Nacional, el tribunal que también enjuiciará los casos.

La actividad no cesa. Desde su puesta en funcionamiento, la Fiscalía ha recibido unas 2.500 denuncias y ha abierto 500 diligencias de investigación. Solo en la última semana, investigaciones de la Fiscalía Europea han llevado a actuaciones en distintos países: registros en Lituania contra una organización que pretendía obtener fondos de la UE de manera fraudulenta (200.000 euros); incautación de coches y motos lujo en Italia registrados fuera de la Unión que, en realidad, son propiedad de un italiano (750.000 euros); entradas en domicilios y despachos de abogados en Portugal por no declarar importaciones textiles de China (600.000 euros).

De la veintena de casos españoles vivos no han trascendido detalles. El juez del caso Voloh —que investiga negocios presuntamente irregulares a la sombra del proceso independentista— ha pedido a la Fiscalía Europea que investigue una conversación de uno de los factótums del procés, David Madí, precisamente sobre los fondos covid. Pero otros magistrados aún no han dado el paso. “En muchas ocasiones, las autoridades no son conscientes de que nos tienen que notificar esta clase de delitos. No es que puedan hacerlo: jueces, fiscales o policía tienen la obligación de ello y además han de hacerlo sin dilaciones”, recuerda Sabadell. “En España tenemos un problema de detección y de que, una vez detectado, nos lo trasladen”, dice la fiscal, que no obstante destaca los esfuerzos para trasladar casos de organismos como la Agencia Tributaria, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude o la Guardia Civil.

La otra dificultad tiene que ver con la diversidad de la Unión. Sabadell pertenece al órgano central, que toma decisiones generales y que ha construido la institución desde sus fundamentos. “Hay tradiciones jurídicas muy distintas, a veces es complicado llegar a un acuerdo. Pero aprendes a buscar un compromiso”. La fiscal fue nombrada en julio de 2020 —precisamente para poner en marcha el organismo— por tres años. El cargo es inamovible. Y no renovable. “Eso es muy importante. Yo confío en la imparcialidad, pero su apariencia también es importante. Si sabes que no te van a renovar, que no depende de lo que hagas, a ti te da igual. Además, la fiscalía ha de poder funcionar con independencia de quién esté”.