La dualidad del gobierno de Claudia Sheinbaum está marcando un hito en la política mexicana, generando tanto expectación como incertidumbre. Por un lado, se percibe un acercamiento hacia la iniciativa privada y un interés palpable por reavivar la inversión en sectores clave, como el energético. Por otro lado, propuestas como la reforma electoral amenazan con socavar la confianza en las instituciones y perpetuar un sistema que podría favorecer un partido único.
Recientemente, la Presidenta ha convocado a economistas y miembros de la cúpula bancaria para discutir planes de inversión que, esperan, dinamizarán la economía mexicana. Este giro proactivo contrasta drásticamente con el estilo del expresidente López, cuyas interacciones con el sector privado se limitaban a breves apariciones.
En las reuniones de Palacio Nacional, algunos asistentes confiesan sus dudas, pero también un deseo de creer en un futuro más optimista. Sheinbaum ha mostrado apertura, facilitando diálogos que incluyen a economistas de afinidad ideológica similar y presentando un enfoque renovado hacia el libre comercio, en un contexto global marcado por las tensiones económicas, especialmente con Estados Unidos.
Sin embargo, esta narrativa de “puertas abiertas” entra en conflicto con los fundamentos de la Cuarta Transformación, que ha debilitado organismos independientes y ha desafiado la credibilidad del Poder Judicial. Al inicio de su mandato, la administración de Sheinbaum se enfrenta a una perspectiva compleja: la necesidad de inversión para el crecimiento económico choca con un sistema judicial que puede parecer hipotecado a intereses partidarios.
En la próxima semana, se anticipan dos anuncios cruciales: un plan ambicioso de inversiones en el sector energético y una propuesta de reforma electoral que podría limitar la competencia política. Para los inversionistas, la dificultad radica en reconciliar la invitación a invertir en un sector estratégico con un entorno que amenaza la autonomía del sistema de justicia y, por ende, la competencia política.
La calificación de Fitch Ratings ha dejado claro que, sin el apoyo del sector privado, el margen de maniobra del gobierno se agota rápidamente. La incapacidad de depender únicamente de un modelo fiscal intensivo en gasto social se ha vuelto evidente. Así, la necesidad de colaboración con la iniciativa privada se presenta no solo como una preferencia ideológica, sino como una cuestión de supervivencia económica.
Sheinbaum ha demostrado tener la capacidad de escuchar y proponer, pero su pragmatismo debe ser creíble para que se genere la confianza necesaria. Si el costo de confiar para el sector privado se vuelve demasiado elevado, la posibilidad de crecer económicamente podría desvanecerse. En un panorama donde la proactividad contrasta con legados autoritarios, la Presidencia se enfrenta a un desafío monumental: convertir una narrativa de coerción institucional en un entorno propicio para la inversión y la colaboración.
El futuro de la economía mexicana, entonces, dependerá de la capacidad del gobierno para navegar esta compleja dualidad y generar un clima de confianza que invite a los capitales privados a participar activamente en el desarrollo del país.
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