Las elecciones catalanas han dado un giro inesperado a la política española. La guerra sin cuartel entre el PSOE y el PP de los últimos meses ha dejado paso ahora a una intensa negociación para pactar el Poder Judicial, RTVE, el Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo. Y la batalla se ha desplazado al interior del Gobierno. Unidas Podemos, apoyado por ERC y Bildu, marcó ayer una clara línea roja: no aceptará una ley de vivienda que no incluya límites a los aumentos del alquiler. El grupo de Pablo Iglesias, que lanzó un aviso al PSOE, vigila también el pacto con el PP en el Poder Judicial para no quedarse fuera.
Dos citas políticas del máximo nivel en el Congreso y el Senado este martes dieron muestras claras del cambio de ciclo en la política española. Primero, las imágenes del Rey Felipe VI con Pedro Sánchez y Pablo Casado en el acto por los 40 años del fracaso del golpe de Estado del 23-F, al que se concedió un trato especial como jefe de la oposición y se invitó al almuerzo posterior con el jefe del Estado. Y después, la sesión de control en el Senado, en la que el presidente fue especialmente suave con el portavoz del PP, Javier Maroto.
“Ni yo ni este Gobierno somos sus adversarios. A nosotros no nos alegra de que al PP le vaya mal ni en Cataluña ni en España”, le dijo Sánchez al portavoz del PP, con el que suele tener encontronazos muy ásperos y ha tenido cruces muy duros durante toda la pandemia. La relación entre el Gobierno y el PP “está en otro momento”, resumió la vicepresidenta, Carmen Calvo.
Mientras Sánchez y Maroto hablaban en el Senado, las negociaciones entre el Gobierno y el PP, dirigidas por Félix Bolaños, secretario general de Presidencia, por los socialistas, y Teodoro García Egea, mano derecha de Casado, por los populares, avanzaban a buen ritmo, según fuentes de los dos sectores, con reuniones constantes y llamadas de teléfono “muy constructivas”, según estas fuentes.
Y mientras el PSOE y el PP se acercan por primera vez en toda la legislatura, después de un durísimo enfrentamiento de meses en especial tras la decisión de los populares de votar en contra de dos prórrogas del estado de alarma en el peor momento de la pandemia, el PSOE y Unidas Podemos aumentan cada día su tensión interna aunque todas las fuentes consultadas insisten en que nadie vislumbra una ruptura cercana porque no tendría sentido en este momento.
En Unidas Podemos ven con recelo el acuerdo del PSOE con el PP para la renovación del Poder Judicial —ellos siempre apostaron por hacerlo sin los populares, con la reforma legal que Sánchez decidió aparcar después de las críticas de la Comisión Europea— pero siguen convencidos de que su socio de coalición no les traicionará y permitirá que haya al menos dos vocales del futuro consejo que sean próximos al grupo liderado por Iglesias.
El propio vicepresidente dejó claro este martes que no concibe que el PSOE les deje fuera, algo que sería interpretado casi como una ruptura de la coalición. “Algunos tienen la ensoñación de que se puede volver al modelo del bipartidismo para la elección del CGPJ. Eso no va a suceder”, dijo dirigiéndose al PP, que asegura que Unidas Podemos se quedará fuera del Poder Judicial. Unidas Podemos no tiene apenas información del curso de las negociaciones, pero confía en que el PSOE encuentre una fórmula para evitar el veto del PP. La más sencilla es buscar perfiles de magistrados o juristas progresistas que puedan ser elegidos tanto por el PSOE como por Unidas Podemos para que el PP pueda aceptarlos. Pero el grupo de Iglesias y el PSOE insisten en lanzar el mensaje al PP de que debe evitar los vetos.
La cuestión más sensible ahora, al menos hasta que se resuelva la negociación del Poder Judicial y RTVE —algo que parece inminente— es la de la política de vivienda. Ahí Unidas Podemos, y con ellos otros aliados de la mayoría como ERC o Bildu, sí lanzaron este martes un mensaje muy claro. La regulación de los alquileres para evitar subidas abusivas debe hacerse porque de lo contrario será una línea roja política que Unidas Podemos no puede aceptar.
El problema para los socialistas es que, con sus 120 diputados, a 56 de la mayoría absoluta, solo tienen dos formas de sacar adelante las grandes decisiones: con la mayoría de la investidura, esto es con Podemos y ERC, o con el PP. Y una cosa es acordar con los populares la renovación del Poder Judicial, que requiere los tres quintos del Congreso y es lo habitual, y otra hacerlo para sacar asuntos trascendentales de la agenda política progresista como la vivienda.
Por eso el PSOE se empeña ahora en volver a la negociación con Unidas Podemos y tratar de convencerlos para que acepten una versión más suave del planteamiento de regular los alquileres, que es lo que se pactó entre Iglesias y Sánchez justo antes de presentar los Presupuestos. Este martes hubo una nueva reunión entre David Lucas, secretario general de Vivienda, y Ione Belarra, secretaria de estado en la vicepresidencia de Iglesias y negociadora de Unidas Podemos. Y las citas seguirán en los próximos días, lo que indica que la negociación no está rota.
Pero el acuerdo parece difícil. Ambos grupos ni siquiera se ponen de acuerdo ahora sobre el significado del pacto que sellaron Sánchez e Iglesias.
El acuerdo, que se titulaba con claridad “declaración sobre regulación de los precios del alquiler” y lleva el sello del PSOE y de Unidas Podemos, decía expresamente: “En estas zonas de mercado tensionado, determinadas en función de los sistemas de índices de referencia, se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes. En todo caso y en relación con la información obtenida por los sistemas de índices de precios de alquiler, se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda”.
Los socialistas apuestan ahora por incentivos fiscales y Unidas Podemos, con el apoyo de varios grupos de la mayoría como ERC, Bildu o Más País, insiste en que es imprescindible regular este mercado, como se acordó. Unidas Podemos cree que el PSOE se ha echado atrás por presiones del sector inmobiliario y responsabiliza no tanto al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, como a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Iglesias dejó muy claro que esto es una línea roja para Unidas Podemos, un grupo que en parte proviene del mundo de la lucha contra los desahucios en plena crisis financiera que fue un germen del 15-M. “Creo que no es bueno tensionar el gobierno de coalición y se tensiona cuando se incumplen los acuerdos”, dijo el vicepresidente en tono duro. Además recordó que este asunto de regular el alquiler se pactó abiertamente entre el presidente y él.
En el Senado, Sánchez trató de rebajar la evidente tensión interna del Gobierno. “Yo, como presidente, me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición durante este año largo de legislatura”, aseguró. “Nos unen más cosas de las que nos separan”, dijo. El asunto es especialmente sensible en Cataluña, donde siempre ha abanderado esta cuestión la alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau, y el diputado de este grupo, Gerardo Pisarello, fue muy duro: “Si el Gobierno no vale para mejorar las pensiones, subir los salarios o para regular los alquileres, ¿para qué sirve un Gobierno de coalición progresista?”.
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