Cancún, Quintana Roo. El panorama financiero del Congreso local se ha visto significativamente afectado tras la reciente aprobación del Plan B de la reforma electoral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Senado de la República. Según el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, se prevé un ajuste de aproximadamente 151 millones de pesos en el presupuesto anual, que se reducía de 536 millones a alrededor de 385 millones para el próximo año.
La reforma establece que el presupuesto de las legislaturas estatales no puede exceder el 0.7% del presupuesto estatal total, que asciende a unos 55 mil millones de pesos. Este recorte obligará a eliminar varias partidas, entre ellas las ayudas sociales, que han sido objeto de controversia por su legalidad. Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio, subrayó que los 77 millones de pesos destinados a “gestión social” deberán ser eliminados, dado que no es apropiado que el Congreso dispense dinero en esa categoría.
Además, el ajuste abarca la plantilla laboral del congreso, que cuenta con cerca de 630 empleados. Aproximadamente 200 de ellos son sindicalizados, mientras que los otros 430 tienen sueldos asimilados, es decir, son colaboradores que llegan con los diputados. Esto también sugiere que se deben contemplar ajustes en estos espacios laborales, lo que añade más complejidad a la situación.
Otro aspecto relevante es el proceso legislativo que sigue la reforma. A pesar de su aprobación en el Senado, todavía requiere votación en la Cámara de Diputados y deberá ser ratificada en los congresos de los 32 estados del país, dado que se trata de una reforma constitucional.
Por otro lado, Galaviz Ibarra aclaró que el Plan B no generará cambios en el número de regidurías en los cabildos, ya que estos se encuentran dentro de los parámetros establecidos y no exceden la normativa que regula su composición.
Con estos cambios, el futuro del presupuesto del Congreso de Quintana Roo se presenta incierto, pero necesario, impulsando discusiones sobre la responsabilidad fiscal y la administración pública en el estado. Este ajuste no solo refleja un cambio en la política electoral, sino que también puede sentar un precedente para la manera en que se manejan los recursos públicos en la región.
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