Se ha peleado con cualquier cantidad de actores y su popularidad no parece tambalear de manera particularmente grave. Algunos puntos de aprobación bailando de arriba para abajo mes a mes, pero nada que suponga una seria amenaza a su gobierno.
Las presidencias recientes se han caracterizado por puntos de quiebre específicos en los que hubo un antes y un después para las popularidades de los mandatarios: Carlos Salinas tuvo al EZLN, Ernesto Zedillo su Acteal, Vicente Fox a sus hijastros incómodos, Felipe Calderón su guerra contra el narco y Enrique Peña su Ayotzinapa.
En un fenómeno sin precedentes en la etapa democrática nacional, no ha sido así hasta el momento para el actual Presidente.
Y no es que sea por falta de esfuerzo.
Las broncas verbales y legales que AMLO ha sostenido con expresidentes, partidos de oposición, órganos autónomos, su gabinete, empresariado, ambientalistas, think tanks, la prensa y feministas ya le hubieran significado a cualquier otro una reducción sustancial del apoyo popular.
Vaya, ni el tacaño y desaseado manejo de una pandemia catastrófica para la economía nacional y las vidas de 200 mil familias que han perdido a alguien ha despeinado al Presidente.
Identifico tres principales razones para esto: el culto a la personalidad que le rodea, la ausencia de una alternativa más decente –lo que habla enormidades de sus adversarios–, y su control sobre la narrativa nacional.
Es así que ahora, de nuevo jugando con su aparente fortuna infinita, el Presidente se ha peleado con el Poder Judicial en torno a la Reforma Eléctrica.
Fue luego de que el juez Juan Pablo Gómez Fierro concediera suspensiones provisionales generales a la Ley de la Industria Eléctrica el pasado 11 de marzo que el Presidente se atrevió a exigir, en una carta al Consejo de la Judicatura, que se le investigue, sugiriendo sin evidencias que el togado en cuestión está al servicio de la oligarquía nacional.
“No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas del antiguo régimen, que tenía como modus operandi la corrupción”, dijo en su misiva sobre el fallo del juez Gómez Fierro, quien consideró que la Ley Eléctrica dañaba la libre competencia.
En este espacio hicimos hincapié en lo peligroso que resultó el episodio que de manera similar acaban de protagonizar el Presidente y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF voló sus cálculos sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, AMLO aseguró que había intereses negros envueltos y le exigió que se retractara, a lo que la Auditoría accedió.
Esto no puede volver a suceder. El Poder Judicial no puede recular ante el Presidente como lo hizo la ASF.
De entrada, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldivar, va a tener que enfrentarse con su cuate AMLO, a quien le ha inaugurado aeropuertos y avalado consultas populares.
Afortunadamente la tropa en el Poder Judicial ha mostrado signos de enfrentarse sin empachos al Ejecutivo y más amparos contra la Ley Eléctrica se han sumado por parte de otros jueces.
Aunque resulta difícil que la Ley Eléctrica sea detenida del todo, es de nuestro interés que el López Obrador se trague este sapo, que al menos sienta la existencia de contrapesos y disensos que lo mantienen a raya.
Es esta condición innegociable de las democracias que evita que el Presidente tenga un poder absoluto y comience a caminar por los senderos del tiranismo.
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Y es que así como con el poder, las victorias absolutas corrompen, envilecen cuando los ganadores eternos se reconocen invencibles.
Por el bien del presidente López Obrador, y el de todos nosotros, debe al menos perder esta partida con el Poder Judicial.
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