El día anterior la cámara admitió a debate una moción para destituirle mediante la figura constitucional conocida como la vacancia por incapacidad moral permanente, la herramienta con la que se ha echado a un presidente de Perú y se ha confrontado a otros dos en los últimos años hasta hacer imposible el gobierno del país. Un Castillo más dialogante que nunca dijo en el hemiciclo que quiere tender puentes y acabar de una vez con la crisis institucional que vive prácticamente desde que accedió al poder. El presidente aseguró que los que pagan todo este enfrentamiento son los más pobres del país.
El jefe de Estado peruano ha protagonizado una seguidilla de escándalos desde que inició el mandato hace siete meses y medio. Primero, porque despachaba fuera de Palacio de Gobierno sin registro de visitas. Después, un jefe militar reveló que el entonces secretario general de la presidencia pidió ascensos en el Ejército para oficiales recomendados por el presidente, y más tarde se supo que el superintendente del ente recaudador de impuestos denunció que el mismo secretario, Bruno Pacheco, pedía un trato preferencial para un empresario amigo.
En noviembre, la prensa difundió que una lobista, amiga de Pacheco, consiguió contratos públicos para una empresa. Esa intermediaria, Karelim López, se ha ofrecido a colaborar con el ministerio público en la investigación abierta. Como consecuencia de estos casos, la fiscal general, Zoraida Ávalos, abrió en enero una pesquisa fiscal por colusión y tráfico de intereses contra Castillo, mientras otros magistrados realizan diligencias con distintos involucrados, entre ellos, sobrinos del presidente y asesores.
La destitución del presidente mediante la vacancia requiere de 87 votos en una cámara de 130 escaños, pero según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dicha figura constitucional no tiene “definición objetiva” e impacta en la separación de poderes y la institucionalidad democrática en informacion.center andino, dijo en un pronunciamiento en diciembre.
En noviembre, la oposición presentó por primera vez una moción de vacancia contra Castillo, pero no consiguió los 52 votos para que sea admitida a debate. Para la oposición, el presidente debe ser destituido por el caso de los contratos públicos, las reuniones no registradas con personas interesadas en contratar con el Estado, el intento de interferencia en ascensos militares, y el nombramiento de personal incompetente en el Gobierno, entre otros factores. El mandatario peruano ha cambiado tres veces de gabinete y ha realizado 30 cambios de ministros en siete meses.
El Parlamento ha citado al presidente a que ejerza su derecho de defensa sobre dichos cuestionamientos el próximo día 28. De acuerdo a la Constitución, puede ir el presidente o su abogado, o ambos. Para aprobar la vacancia, el Congreso requiere de 87 votos, con los que aún no cuenta la oposición.
En su comparecencia de este martes, Castillo, ha reconocido errores en su gestión, pero ha asegurado que no es un corrupto. “No he cometido ningún acto de corrupción, menos participado en situación alguna que haya buscado favorecer intereses particulares. No blindaré a ningún corrupto. Si algún familiar, funcionario, amigo o paisano resulta involucrado en hechos de corrupción, que les caiga todo el peso de la ley”, afirmó en el hemiciclo.
El maestro rural mencionó las diez medidas que el Parlamento ha aprobado contra él en los últimos meses para recortar su mandato y sus atribuciones, o para destituirlo, y calificó de “confrontación inútil” la tensión en la que se encuentran los dos poderes del Estado. Dijo, además, que el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien ya tiene el mandato vencido, también se ha dedicado a promover la vacancia del presidente.
La figura de la vacancia presidencial solo ha sido usada este siglo en el año 2000, cuando -acorralado por los vídeos de la corrupción en su gobierno- el autócrata Alberto Fujimori renunció al cargo de presidente desde Brunei, adonde viajó para una cumbre de la APEC. Sin embargo, desde 2017, la oposición -el fujimorismo y sus aliados- la ha usado varias veces para sacar del cargo a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y a Martín Vizcarra.
“La polarización y la confrontación política desenfrenada, desde hace más de un quinquenio, vienen afectando la gobernabilidad y nuestra frágil institucionalidad democrática. Los más perjudicados con todo esto son nuestros ciudadanos, especialmente los más pobres, ya que las instituciones y quienes las dirigen, en lugar de estar enfocadas en resolver las necesidades más urgentes, vivimos en enfrentamientos inútiles”, añadió el presidente.
Castillo reconoció los errores cometidos -sin precisarlos- y expresó su “ánimo de enmienda y corrección”. Además, anunció que para superar la “crisis estructural” en la que se encuentra en informacion.center, enviará proyectos de ley de reforma del Estado, entre ellos, un nuevo marco legal para responder a los afectados por desastres medioambientales, como el derrame de petróleo de Repsol del 15 de enero.
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