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La ruta escogida por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para sacar al país de la recesión económica consiste en reducir el gasto público e incentivar la inversión nacional y extranjera. El mandatario ha promulgado este lunes el decreto 5595, definido como un “shock desregulatorio” y apodado como programa Tranca Cero. La norma, presentada por Paz junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, elimina costos y trámites para la inscripción de empresas y la entrega de documentos. Además, suprime la “duplicidad de requisitos y exigencias discrecionales” en la burocracia estatal y define las líneas para un “gobierno electrónico”, en una política que ha sido calificada de “reestructuración profunda del Estado” y que será implementada gradualmente.
“Desde la campaña anterior, el presidente advirtió la existencia de un Estado tranca y nos dio la instrucción de eliminarlo. Este Estado se define por barreras que obstaculizan el acceso a servicios y derechos para ciudadanos, empresas y proveedores. No solo son papeles, son costos transaccionales que desincentivan la producción del país”, aseguró el ministro Lupo. La normativa fue diseñada junto al BID, que adelantó los datos de un estudio que concluye que el gasto público representa el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
El representante de la institución iberoamericana en Bolivia, Leopoldo Avellán, defendió el decreto como un “cambio de paradigma fundamental, más que un cambio administrativo”. “Cuando hablamos de cargas regulatorias excesivas, no discutimos teorías: estos costos concretos frenan el desarrollo. La realidad en América Latina nos muestra que el 40% de las empresas identifican la regulación como su principal obstáculo para crecer. A una empresa de la región le toma 96 días establecerse, frente a los nueve días que demora en una de las comunidades de la OCDE”.
El BID, que ya ayudó en el diseño de planes similares en otras 12 naciones de la región, comunicó que está financiando la implementación y la metodología del programa y que se compromete a hacer un seguimiento que garantice la “simplificación de la inversión”.
Paz, como es habitual en sus declaraciones públicas, arremetió contra el anterior gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), al que culpó de promover un “modelo de Estado depredador para facilitar la corrupción”: “Ese partido le tenía miedo a que se desarrolle un empresariado grande, a que el informal, el artesano, crezca. Nos han mentido con una forma de pensar que dice que si nos atrevemos a romper moldes algo malo va a pasar”. Para esta semana, el mandatario anunció otras profundas reformas, dirigidas a incentivar la inversión extranjera en hidrocarburos y minería.
La nueva norma instruye a todas las instituciones públicas a revisar sus procedimientos y su personal administrativo, identificar trámites innecesarios y justificar cada requisito exigido a las empresas y ciudadanos. Crea también un Catálogo Nacional de Trámites, que funcionará como una base de datos donde se registrarán todos los procesos administrativos del Estado, y una plataforma de denuncia, Reporta tu tranca, para reportar barreras en la inscripción de emprendimientos.
El proceso será monitoreado desde una unidad llamada Centro de Gobierno, encargada de hacer el seguimiento operativo de la política y de asegurar la coherencia normativa. La fiscalización se completará con un “ranking de simplificaciones”, en el que el Centro de Gobierno evaluará semestralmente a las entidades públicas sobre la aplicación de las medidas de desregulación.
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