Por segundo día consecutivo, un juez especializado en telecomunicaciones otorgó suspensiones provisionales a cinco particulares contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), y están en análisis otros amparos que desde el pasado lunes comenzaron a promover ciudadanos contra dicha medida.
Fue el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el mismo que viene concediendo suspensiones definitivas contra reformas a la ley eléctrica, quien concedió las medidas judiciales a los ciudadanos: Luis Miguel Rodríguez Alemán, Oscar Márquez Aceves, Luis Eduardo Hernández Zamora, Manuel Fernando Díaz Rodríguez y a Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín.
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El juez Fierro, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió se investigue su actuación, indicó que la suspensión provisional les permite a los peticionarios excluirse de registrar, por el momento, su línea telefónica móvil en el PANAUT. Además, también los protege para que no sea cancelado su número de celular al no efectuar el registro.
“La suspensión provisional que se concede para el efecto de que no se aplique al quejoso la obligación establecida en la norma reclamada consistente en registrar su línea telefónica móvil en el PANAUT y, en consecuencia, no le sea cancelada por su falta de registro”, señala la resolución del juez.
Desde el pasado sábado que fue publicado el decreto mediante el cual se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, se han concedido seis suspensiones provisionales donde el juzgador reconoce que la medida del gobierno federal busca mejor las investigaciones que se realizan por posibles delitos. Sin embargo, no hay evidencia que el padrón mejore la persecución de posibles ilícitos.
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En su resolución, el juez Fierro señalo: “se aprecia cómo es que la entrega de esos datos personales, como excepción al principio de su protección, podría influir de manera positiva en las actividades de seguridad pública que el Estado está obligado a desplegar e, incluso, no se entiende en qué medida se podría ver favorecida la investigación y persecución del delito, pues la entrega de aquellos datos personales no constituye una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor”.
Además advierte que cancelar la línea a cualquier ciudadano que no se registre, influiría en el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
Este martes el juez Gómez Fierro también desechó por improcedente el juicio que promovió Alan Higinio Martínez Sauza, mientras que a Diego Emilio Leyva Peralta le dio un plazo de cinco días para que subsane las inconsistencias que presenta su escrito.
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