OpenAI presenta marco regulatorio para centros de datos en respuesta a rechazo electoral

La tecnológica OpenAI ha presentado un nuevo marco regulatorio para el desarrollo de sus centros de datos, en respuesta al rechazo de los votantes estadounidenses a la expansión desmesurada de estas infraestructuras en las elecciones de mitad de mandato.

El documento, titulado 'Pacto Nacional con la Comunidad', busca abordar el descontento ciudadano por el impacto ambiental y el consumo hídrico asociados a los centros de datos. Además, propone directrices para garantizar que las comunidades tengan una voz significativa en su desarrollo.

El 'Pacto Nacional con la Comunidad' establece los compromisos de OpenAI hacia las comunidades donde se ubicarán sus futuros centros de datos. La tecnológica busca proteger a las familias de nuevos costes y permitir que los beneficios económicos de la inteligencia artificial se distribuyan de forma generalizada.

El rechazo de los votantes estadounidenses fue contundente, con 41 iniciativas locales sometidas a votación en 10 estados. A excepción de un caso, todas las medidas a favor del desarrollo fueron rechazadas o limitadas por los electores.

La tecnológica OpenAI presentó su propuesta legislativa dirigida a los reguladores, con el objetivo de implementar el marco regulatorio y compromisos comunitarios en la práctica. El documento está acompañado del comunicado de la compañía creadora de ChatGPT, que explica los detalles del 'Pacto Nacional con la Comunidad'.

La empresa detrás de ChatGPT ha presentado un documento que detalla las nuevas reglas para los centros de datos que posee y opera en México.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la promesa de asumir el costo completo de la electricidad y la infraestructura de red necesarias para abastecer a estos centros, lo que debería reducir los sobrecostos en las facturas de las familias.

Además, la empresa aceptará reducciones voluntarias del suministro eléctrico durante momentos de alta demanda. También se compromete a consultar con las comunidades antes de iniciar obras y a publicar datos periódicos sobre el consumo de agua y energía en estos centros.

Estas medidas deberían mitigar los efectos negativos que habían generado los acuerdos de confidencialidad (NDA) con funcionarios locales, que habían ocultado detalles importantes sobre los proyectos.