A dos años de la entrada en vigor del Protocolo “Quédate en México”, organizaciones de apoyo a migrantes pidieron a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pronunciarse en contra de la participación del Estado mexicano en políticas migratorias y de asilo inhumanas y degradantes.
El Instituto de las Mujeres para la Migración (IMUMI), destacó que fue evidente la presión por parte de Donald Trump, para que el gobierno de México aceptara “Quédate en México” y que pese a que se prometió a brindar protección a los migrantes devueltos para esperar una audiencia de asilo, no cumplió.
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Según organizaciones civiles, del 29 de enero de 2019 a diciembre de 2020, más de 70 mil personas fueron devueltas por Estados Unidos a estados fronterizos de México, de las cuales 42 por ciento son mujeres y 33 por ciento menores de edad.
IMUMI reveló que desde el 4 de abril de 2019 las organizaciones civiles promovieron el amparo (302/2020) contra la participación del Estado mexicano en una política migratoria violatoria de derechos humanos y de la Constitución, la cual llegó en febrero de 2020 a la primera sala de la SCJN donde se revisaría la importancia de que las políticas mexicanas migratorias y de asilo tengan una perspectiva de derechos humanos y de género.
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