Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se convierte en un llamado urgente a la reflexión sobre los avances logrados en la lucha por la igualdad de género, así como en la identificación de las estructuras de desigualdad que aún afectan a millones de mujeres en todo el mundo. Este año, es crucial reconocer que la feminización de la pobreza no se limita a una mayor presencia femenina en los sectores más vulnerables; es un fenómeno histórico y sistémico que limita el acceso de las mujeres a la riqueza, los recursos productivos y mecanismos de protección social.
A nivel global, las mujeres enfrentan tasas alarmantes de empleo informal, salarios más bajos y una carga desproporcionada de trabajo no remunerado. Estas condiciones disminuyen su autonomía y su capacidad de enfrentar crisis actuales, como los efectos del cambio climático. Este fenómeno no solo exacerba desigualdades preexistentes, sino que impacta de manera desproporcionada a quienes ya viven en situaciones vulnerables, especialmente a las mujeres. Desastres como sequías, inundaciones y desplazamientos forzados las afectan con mayor intensidad, evidenciando limitaciones en su capacidad para salir de áreas en riesgo, ya que muchas carecen de recursos económicos, propiedad o redes de movilidad.
Más de 21 millones de personas se ven desplazadas anualmente por la migración climática, y las mujeres y niñas enfrentan problemas de violencia y explotación durante estos desplazamientos. La crisis climática no solo intensifica los riesgos ambientales, sino que también agrava desigualdades de salud que afectan de manera diferenciada a las mujeres. Enfermedades como el dengue y la malaria, junto a la creciente inseguridad alimentaria, tienen un impacto considerable en su salud reproductiva, elevando riesgos durante el embarazo, especialmente en zonas marginadas donde el acceso a salud y educación es limitado.
Las niñas, desde su nacimiento, enfrentan una inversión menor en su salud y educación, lo que contribuye a una alarmante mortalidad en la infancia y durante la edad reproductiva. La autonomía reproductiva es clave, ya que permite a las mujeres acceder a oportunidades educativas y laborales, rompiendo así ciclos de pobreza. Estudios demuestran que cuando las mujeres tienen control sobre los ingresos, esto se traduce en mejoras en la salud y educación de sus hijos, lo que argumenta a favor de políticas públicas dirigidas a ellas.
A pesar de ser fundamentales en la gestión de los recursos naturales y el desarrollo sostenible, las mujeres continúan subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones relacionadas con el clima. Globalmente, solo un 30% de las posiciones de negociación climática son ocupadas por mujeres, lo que limita la inclusión de perspectivas de género en políticas esenciales.
La carga de trabajo no remunerado se agrava en el contexto del cambio climático, obligando a muchas a recorrer distancias mayores para obtener recursos básicos, lo que aumenta su vulnerabilidad. La FAO estima que si las mujeres tuvieran el mismo acceso a recursos que los hombres, la producción agrícola podría aumentar hasta un 4%, sacando de la pobreza a entre 100 y 150 millones de personas.
Frente a estas injusticias, es esencial fortalecer mecanismos de rendición de cuentas y promover un diálogo público que incorpore los derechos fundamentales de las mujeres. Erradicar la feminización de la pobreza requiere repensar las responsabilidades institucionales y los valores que guiamos colectivamente. Los esfuerzos por abordar la crisis climática deben incluir la plena participación de las mujeres, reconociendo que la justicia climática y la igualdad de género son procesos inseparables. Solo a través de intervenciones específicas y un control efectivo sobre la planificación familiar se podrá romper el ciclo de pobreza y construir un futuro donde la sostenibilidad no beneficie a costa de la igualdad.
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