La reciente reforma a la Ley del Registro Civil de Yucatán, impulsada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), marca un hito significativo en la manera en que las familias yucatecas pueden elegir los apellidos de sus hijos. Esta modificación, que entró en vigor tras su publicación en los diarios oficiales federal y estatal, responde a una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual cuestionó las restricciones impuestas por un decreto estatal previo que limitaba el uso de apellidos.
Desde el 20 de mayo de 2025, las familias ya no están atadas a las limitaciones de usar solo el primer o segundo apellido de cada progenitor. La SCJN declaró que dichas restricciones eran inconstitucionales, argumentando que interferían con decisiones familiares fundamentales y que el Estado no justificó la necesidad de tales límites. Con la nueva normativa, ahora se permite el uso de apellidos compuestos o múltiples, siempre que haya un consenso entre los padres. Este cambio no solo promueve una mayor libertad para las familias, sino que también asegura que los apellidos reflejen con mayor precisión la rica herencia cultural de Yucatán.
La anterior legislación limitaba la elección a solo dos apellidos, impidiendo así que se utilizaran apellidos compuestos. Este nuevo enfoque busca no solo adaptarse a las tradiciones familiares diversas, sino también evitar que imposiciones estatales interfieran en la vida privada e identidad de los ciudadanos. Además, es importante mencionar que incluso los adoptantes ahora tienen la oportunidad de aplicar estas nuevas disposiciones en el registro de sus hijos.
Desde su implementación, las familias que registraron a sus hijos bajo la normativa antigua tendrán la opción de solicitar ajustes a los apellidos, siempre que no vulneren derechos de terceros. Esta medida busca armonizar la identidad familiar y facilitar la adaptación a un contexto más inclusivo.
La reforma se formalizó y quedó vigente entre octubre y diciembre de 2025, y representa una importante victoria para los derechos de las familias en Yucatán, fortaleciendo el respeto por la identidad y personalidad jurídica de cada individuo. Estos cambios reflejan un avance en la comprensión y la protección de los derechos humanos en el estado, contribuyendo a un marco legal más justo y equitativo para todos.
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