Desde Estados Unidos, ha caído un proyectil que apunta directamente al sistema financiero mexicano, una situación que genera preocupación y exige atención inmediata.
Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos formuló severas acusaciones contra tres entidades económicas en México: CIBanco, Intercam y Vector. Estas instituciones han sido identificadas como presuntas implicadas en actividades de lavado de dinero, especialmente en lo que respecta al tráfico de fentanilo, un opioide sintético que ha desatado crisis de salud en diversas partes del mundo.
Como parte de estas acusaciones, el Departamento del Tesoro ha emitido una prohibición que impide a las instituciones estadounidenses realizar transferencias de fondos a las entidades mencionadas. Esta sanción está programada para entrar en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal, un paso que marca un capítulo significativo en la colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico.
La alerta lanzada desde Estados Unidos responde a la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y a la Ley Fend Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro herramientas adicionales para contrarrestar el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, específicamente en relación con los cárteles mexicanos. Cabe mencionar que aunque estas instituciones no son parte del núcleo del sistema financiero mexicano, su reputación está ahora en juego, lo que puede tener repercusiones significativas en la confianza de los inversionistas.
Desde el lado mexicano, la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, liderada por Edgar Amador, fue contundente. El funcionarios enfatizó que no se han presentado pruebas contundentes que respalden las acusaciones y que, si en algún momento se cuenta con tal evidencia, aplicarán todo el peso de la ley. Hasta el momento, el único dato accesible por parte de la autoridad estadounidense detalla transferencias legítimas realizadas hacia empresas chinas a través de las entidades mencionadas.
Este episodio surge en un contexto de creciente tensión en la relación México-Estados Unidos, en un momento en que las autoridades estadounidenses han calificado a México como un adversario en la lucha contra el crimen organizado. Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, se han hecho esfuerzos significativos para combatir a los cárteles de drogas, una estrategia que es crucial para mantener los lazos comerciales y económicos con el vecino del norte.
Las tres entidades financieras han emitido comunicados donde se deslindan de las acusaciones, asegurando que todas sus operaciones son legales. Sin embargo, el golpe a su reputación ya se ha materializado y, aunque la respuesta del mercado no ha sido inmediata, es probable que genere inquietud entre empresas, inversionistas y ahorradores en los días venideros.
El desafío para el gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es ahora monumental. De la rápida y efectiva respuesta a este tema dependerá no solo la credibilidad de las instituciones involucradas, sino también la confianza del público en el sistema financiero mexicano y la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
La información presentada corresponde a las circunstancias del 25 de junio de 2025, fecha en la que se emitieron las acusaciones y donde el contexto de las relaciones bilaterales y la seguridad financiera se volvieron más críticos que nunca.
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