México ha dado este viernes un paso significativo en el desglose del registro oficial de personas desaparecidas, una problemática que ha afectado profundamente al país durante más de dos décadas. Bajo la dirección de Claudia Sheinbaum, el gobierno busca abordar este tema delicado, donde la cifra alarmante de más de 130,000 personas desaparecidas ha generado un intenso debate. El objetivo es presentar una versión que argumente que los números en el registro oficial podrían ser mucho más altos de lo que realmente representan.
La discusión sobre este tema no es nueva; los colectivos de familiares de las personas desaparecidas han expresado su desconfianza hacia cualquier alteración en el registro, preocupados por la posibilidad de que se eliminen casos reales. El gobierno, por su parte, rechaza estas preocupaciones y ha enfatizado el trabajo conjunto que se ha realizado con estos colectivos. En un esfuerzo por ser transparentes, la Secretaría de Gobernación convocó a los representantes de las familias para discutir en detalle las cifras. De los más de 130,000 registros, un 33% no ha mostrado actividad desde la desaparición, un 31% ha tenido algún tipo de actividad, y un 36% son entradas con datos insuficientes.
En una presentación hecha por Marcela Figueroa, que encabeza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se desglosó esta amplia cifra. Los registros se distribuyen en tres categorías clave. Primero están los casos donde los datos son imprecisos o incompletos, que suman más de 46,000 e incluyen aquellos reportes que solo tienen apodos o nombres falsos. Durante muchos años, el sistema permitió que cualquiera pudiera agregar un reporte al registro, lo que ha generado considerable confusión.
La segunda categoría abarca aquellos reportes donde la persona desaparecida ha tenido alguna actividad oficial tras su desaparición, como votar, casarse, o recibir atención médica. Esto comprende alrededor de 40,000 casos, que aunque son considerados como ausencias reales, no necesariamente están relacionados con un crimen.
Por último, se abordaron los casos cuyas inscripciones son correctas y no muestran actividad posterior, englobando más de 43,000 desaparecidos. Estas cifras se consideran la referencia mínima de personas actualmente desaparecidas en México. Figueroa destacó que, en promedio, de cada 100 desaparecidos registrados en un mes, 66 son localizados, y de esos, 92 son hallados con vida.
A pesar de que se presentaron matices en el registro existente, una inquietante expectativa por un nuevo sistema más completo aún persiste. La creación de una nueva Base de Datos de Carpetas de Investigación para Personas Desaparecidas había sido anticipada, un registro que prometía ser más exhaustivo y dependiente de investigación fiscal. Sin embargo, la complejidad del cribado y la necesidad de que las fiscalías actualicen sus casos han retrasado su implementación.
Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, se estableció una legislación destinada a castigar la desaparición de personas por particulares. Aunque la situación en ese momento era crítica debido a los numerosos desaparecidos, los desafíos burocráticos y estadísticos persistieron. Si bien la creación de un registro intentó organizar la información, la falta de criterios claros ha dejado muchas lagunas, aún no rectificadas.
La obligación actual de abrir investigaciones por cada caso de desaparición ha sido un paso importante, pero hasta la fecha, de los 43,000 casos considerados como mínimo, menos de 4,000 cuentan con carpetas de investigación. Esto deja un panorama preocupante en la búsqueda de justicia y verdad para las familias afectadas.
Con estos antecedentes, el desafío sigue presente; el gobierno tiene el deber de trabajar en conjunto con las familias y garantizar que la información presentada refleje la realidad, evitando la proliferación de números que puedan desvirtuar el dolor y la lucha de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos.
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