México ha decidido rechazar un informe emitido por un comité internacional que ha sido tildado de tendencioso. Las autoridades mexicanas argumentan que este documento no tomó en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por su gobierno, que demuestran una discrepancia con la definición de desaparición forzada que maneja el propio comité y los avances institucionales alcanzados desde 2019, especialmente a partir de 2025.
El informe en cuestión se centra en hechos sucedidos entre 2009 y 2017, abarcando los mandatos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se limita a cuatro estados. En este sentido, el gobierno mexicano considera que la decisión del comité resulta parcial y sesgada al omitir los esfuerzos institucionales que fueron presentados en marzo. La administración se muestra contrariada por el hecho de que el comité no tomó en cuenta la información actualizada proporcionada antes de que se publicara su resolución.
Es interesante notar que el propio comité admite en su documento, en los párrafos 117 y 118, que no existen pruebas concretas de una política federal que lleve a cabo ataques sistemáticos contra la población civil, ya sea por acción u omisión. Esto sugiere una circunstancia actual del país que es notablemente diferente a la de administraciones pasadas.
Además, se ha criticado la falta de rigor jurídico en la argumentación del comité. Las premisas del informe son vistas como ligeras, incluyendo una interpretación cuestionada de su vínculo con el Estatuto de Roma. Hay incluso alegaciones de conflictos de interés entre algunos de sus integrantes, destacando que uno de ellos tiene conexiones laborales con organizaciones que han presentado quejas contra el Estado mexicano.
El gobierno asegura que no ha tolerado, permitido ni ordenado desapariciones forzadas. Por este motivo, se han llevado a cabo reformas legislativas e institucionales, en conjunto con colectivos de familiares de desaparecidos, para abarcar esta problemática de manera efectiva. En julio de 2025, se aprobaron reformas sustanciales a la ley que contemplan diversas medidas.
Entre las iniciativas destacadas se encuentra la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la obligación de abrir una carpeta de investigación tras el primer reporte. También se mencionan la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la Plataforma Única de Identidad y la obligación de contar con fiscales especializadas a nivel estatal. Se reforzará el Banco Nacional de Datos Forenses y se garantizará la coordinación entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías estatales.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reconocido que México mantiene una política de cooperación activa con los sistemas internacionales y regionales. Esta colaboración ha sido valorada positivamente por diversas agencias.
México permanece abierto a la cooperación técnica internacional, aunque rechaza aceptar premisas que no reflejan la realidad actual del país. Se reafirma, así, el compromiso del gobierno mexicano con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación de desaparecidos, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, elementos centrales en la transformación nacional que se está llevando a cabo.
Actualización: Esta información corresponde al 2 de abril de 2026.
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