El martes 23 de agosto, mientras se reunían funcionarios de las carteras de Economía de México y Estados Unidos para iniciar las consultas del tratado de libre comercio, el TMEC, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que creó Litio para México (LitioMx), la primera empresa del Estado encargada de la exploración, explotación y producción del cotizado mineral.
Que el Gobierno haya elegido este preciso momento para la publicación del decreto no pasó desapercibido para José María Lujambio, socio en la firma Cacheaux, Cavazos & Newton, donde dirige la sección energética. “No ha de haber sido casualidad que justo se anunciara el decreto el día en que empezaban las consultas energéticas del TMEC, simplemente para poner el tema sobre la mesa”, dice el abogado al teléfono desde Austin, Texas, “de manera que también quitara o restara atención al tema de las consultas con una medida eminentemente nacionalista y estatista”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se anotó una victoria en abril, cuando el Congreso aprobó la reforma a la Ley Minera que facultó al Estado como el único que puede explorar, explotar y producir litio. Pero no ha sido hasta más recientemente y una vez formalizada la disputa con EE UU en torno al sector energético, que el Ejecutivo ha puesto el foco en la política de litio en informacion.center, en donde se ubica una de las minas con mayor potencial en el mundo. Entre la letra pequeña del decreto y los confusos mensajes del Ejecutivo, informacion.center todavía carece de una clara política cuando de litio se trata, coinciden los analistas.
El miércoles, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció que sería “el responsable de la empresa” y el miércoles, López Obrador desveló que Pablo Taddei, hijo de uno de sus aliados políticos, sería el director de LitioMx. “Que un gobernador sea el responsable de todo esto me pareció muy raro, porque esto tendría que estar más por del lado de la Secretaría de Energía”, dice Rigoberto García, académico investigador del departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), con sede en Nogales, Sonora. “Que al siguiente día nombraran al hijo de Jorge Taddei me hizo pensar que no tenían muy claro lo que estaban haciendo”, apuntó el especialista.
En la letra pequeña del decreto del 23 de agosto, el Gobierno federal deja abierta la puerta a la iniciativa privada, al decir que LitioMx “podrá asociarse con otras instituciones públicas y privadas”. El uso de la palabra “instituciones” es clave, dice Lujambio. “No dice empresas, ni tampoco organizaciones, o alguna otra expresión, dice instituciones”, apunta el abogado.“La verdad es que es una expresión bastante ambigua, no queda muy claro si lo que quieren es efectivamente invitar al sector privado a participar o simplemente dejaron esa puerta abierta para cuando se necesite”.
La mina en Bacadéhuachi, en Sonora, es la única en México que se sabe con certeza tiene potencial económico y solo una empresa tiene una concesión para explotar ese recurso, Bacanora Lithium. Originalmente, Bacanora era un consorcio entre una empresa inglesa y la china Ganfeng Lithium. Sin embargo, en mayo Ganfeng anunció que adquiriría todas las acciones de la empresa. La concesión para explotar la mina de Sonora fue adjudicada durante la Administración anterior y López Obrador no ha hecho declaraciones sobre cómo Bacanora podrá trabajar si solo el Estado puede producir litio.
“En materia de energía, tendríamos que estar perfectamente alineados y aliados con los socios naturales, que son el vecino geográfico, y no estar jugando a la China. Yo creo que están jugando un poco como la carta de la carta nacionalista y la carta anti estadounidense coqueteando con China en estos temas”, opina Lujambio.
El Estado mexicano no tiene el conocimiento ni la experiencia para poder explotar y manejar toda la cadena de valor del litio, apunta García, por lo que se ha visto obligado a asociarse con privados. El Gobierno tampoco tiene los recursos para estudiar por completo la presencia de litio en todo el territorio nacional. “Sabemos que poco más de 80 puntos a lo largo del territorio nacional hay manifestaciones de litio, pero no sabemos cuánto”, y para saber cuánto el litio es, para tener un conocimiento un poco más preciso de las reservas, se tendrían que hacer inversiones de miles de millones de dólares que el Gobierno no tiene”.
En conferencia de prensa el miércoles, el propio López Obrador reconoce la falta de recursos, diciendo que el esquema de inversión tendría que ser “público privada”. “No nos alcanzaría para que fuese solo pública, se requiere de bastante inversión”, aseguró el mandatario.
“Abrir esa ventanita para que haya cierta participación privada obedece a la necesidad de allegarse de recursos para poder trabajar”, dice Lujambio. “El presupuesto de por sí está estrechísimo, se han recortado programas de toda índole en el Gobierno para atender las prioridades presupuestales del presidente”, agrega. Para saber realmente qué tan importante es para el Gobierno cumplir la promesa del litio, habrá que ver cuántos recursos le asignan a LitioMx en el Proyecto de Egresos de la Federación, el cual se enviará al Congreso el 8 de septiembre.
La falta de claridad ahuyenta al capital privado, coinciden Lujambio y García. Además, apunta Lujambio, si LitioMx decidiera asociarse con una empresa privada para formar un consorcio o joint venture, el control de dicho consorcio tendría que caer bajo el control del Estado, ya que así lo dicta la ley. “Si la empresa privada no tuviera poder de toma de decisión es poco probable que les vaya a interesar participar”, asegura el abogado. “La puerta abierta es ambigua y por lo tanto no ofrece absoluta certeza sobre qué es lo que se quiere”.
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