El programa contaba con recursos millonarios y echó a andar al final del mandato de George W. Bush, hace más de una década. Pero ese plan de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos no ha funcionado. El canciller Marcelo Ebrard ha dado por enterrada la llamada Iniciativa Mérida, que incluía unas ayudas de 3.000 millones de dólares para frenar la violencia y que fracasó o, en cualquier caso, no fue suficiente para sostener la estrategia de lucha contra el narcotráfico. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lleva desde la toma de posesión de Joe Biden a principios de año tratando de reformular las relaciones con Washington, busca ahora un camino alternativo.
“La Iniciativa Mérida está muerta. No funciona”, afirmó Ebrard al diario The Washington Post. “Ahora estamos en otra era”. Todas las opciones para frenar a los cárteles se han estrellado. Este plan contribuyó a fortalecer la capacidad militar de México, con la adquisición de aviones, helicópteros y equipación para las fuerzas de seguridad, pero desde entonces ni la Administración de Felipe Calderón ni la de Enrique Peña Nieto lograron paliar la violencia y los derramamientos de sangre. Ahora México afronta otra crisis y se asoma a una nueva guerra del narco que está golpeando principalmente el norte del país. Y las autoridades buscan un nuevo enfoque de la mano de Estados Unidos.
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La política de seguridad es uno de los frentes que más preocupa al país vecino y la piedra angular de las relaciones bilaterales. El mandato de Donald Trump estuvo marcado por las presiones relacionadas con la migración y, al mismo tiempo, por el desinterés en encarrilar la lucha contra el crimen organizado. Ahora la sensibilidad de Washington es distinta. Este jueves Ebrard habló por teléfono con el secretario de Estado, Antony Blinken. “Fue una muy buena conversación, como siempre hemos tenido afortunadamente una buena relación: conversamos sobre los principales temas de interés en la relación bilateral y qué debemos hacer o qué proponemos para los siguientes pasos. Les estaré informando cómo estamos avanzando. La idea es construir una visión común de ambos Gobiernos en varios temas. Hemos estado ya trabajando para ello”, informó el secretario de Relaciones Exteriores.
Blinken calificó de “buena y productiva” la llamada, que se centró en la cooperación entre Estados Unidos y México “para apoyar un futuro próspero y seguro para todos en la región”. Ya en mayo, Juan González, enviado de Biden para Latinoamérica, se reunió con las autoridades mexicanas para perfilar un programa que incluye “disminuir el tráfico de armas y de narcóticos, reducir la violencia que provoca el crimen organizado, atender las adicciones como un problema de salud pública y atacar las finanzas de las organizaciones criminales que operan en los dos países”. Después, a principios de junio, se produjo el viaje de Kamala Harris a México. Se trató de una visita relámpago, pero en su reunión con López Obrador selló un acuerdo marco para abordar las causas de la migración en Centroamérica y habló de los problemas de seguridad que preocupan a la Casa Blanca.
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La nueva estrategia de seguridad aún está por definir. Sin embargo, la Cancillería ha manifestado en varias ocasiones que persigue una concepción amplia, en línea con la filosofía del presidente, contrario al uso indiscriminado de la fuerza o la exhibición del poder militar. Durante su sexenio, el enfoque cambió de forma radical respecto al período anterior. Es cierto que bajo el mandato de Peña Nieto se intensificaron las detenciones y el hostigamiento a las estructuras criminales. Fueron detenidos 120 jefes narco que estaban en la primera línea, entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Pero eso no solucionó el problema de la violencia.
El giro del actual Gobierno le costó, además, a López Obrador críticas de un sector de la diplomacia estadounidense, encabezado por el exembajador en México Christopher Landau, que ve pasividad en su tono y logros contra el crimen organizado. A eso se añade que la llegada de Biden a la Casa Blanca, el pasado enero, coincidió con la exoneración por parte de la Fiscalía mexicana del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos. El militar había sido detenido en Los Ángeles a finales de 2020 y acusado por la DEA de vínculos con el narcotráfico. México negoció su extradición y, en cuestión de semanas, el caso acabó en nada.
Ese episodio contribuyó a tensar las relaciones. Sin embargo, los dos países se necesitan y sus representantes llevan meses destacando el buen tono de las conversaciones mantenidas hasta ahora. Las buenas intenciones son el primer paso, pero quedan por perfilarse las líneas maestras del nuevo plan una vez enterrada la Iniciativa Mérida. De momento, tanto en México como en Washington todos utilizan la misma fórmula: “Se necesita construir una visión común”.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
