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La rebaja de impuestos a la clase media —los asalariados de Brasil que cobran en torno a 900 dólares al mes— logró una especie de milagro en estos tiempos de polarización política extrema en la primera economía de América Latina. Y le brindó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva un triunfo importante, aunque parcial, que da impulso a su principal promesa electoral para este tercer mandato. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, el miércoles por la noche, eximir del pago del impuesto de la renta a quienes cobren menos de 5.000 reales (940 dólares) y una rebaja gradual a quien cobra menos de 7.300 reales. Para compensar, el proyecto de ley incluye que quien gana más de 9.000 dólares al mes pague al menos un 10% de impuesto de la renta.
Es “una victoria a favor de la justicia tributaria y de combate a la desigualdad en Brasil en beneficio de 15 millones de trabajadores”, tuiteó el presidente Lula. Todos los diputados presentes en el hemiciclo —493 de los 513— respaldaron la propuesta tras siete intensos meses de tramitación y negociaciones. Nadie quiso dar la espalda a una medida que beneficiará a 15 millones de brasileños, según el mandatario. Los superricos perjudicados son unos 140.000.
Por eso, incluso el principal grupo de la Cámara, tormento constante del Gobierno, el del Partido Liberal, la sigla de Jair Bolsonaro, apoyó la propuesta a la hora de la verdad tras muchas críticas y resistencias.
El sistema tributario brasileño es barroco y profundamente injusto, penaliza a los más pobres con una fuerte carga impositiva al consumo, incluye un sinfín de desgravaciones que benefician a las clases medias y altas mientras los accionistas pagan cero impuesto de la renta por los dividendos que reciben. El Gobierno aprobó al inicio del mandato la creación de un impuesto al valor añadido, que fue celebrado como histórico.
La propuesta ha superado una fase crucial, pero aún queda mucho trámite para su eventual entrada en vigor. Ahora debe ser analizada por el Senado. Si la Cámara alta modificara la propuesta, debería regresar de nuevo a la baja. El presidente Lula confía en que reciba el visto bueno definitivo antes de fin de año, de manera que la reforma fiscal pueda entrar en vigor en 2026, cuando Brasil elegirá presidente, gobernadores y el Congreso.
La aprobación unánime de la medida supone una victoria también para el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores y uno de los candidatos a suceder a Lula al frente de la izquierda brasileña. “Creo que fue un golazo del Congreso Nacional y que no vamos a tener problemas en el Senado”, ha declarado este jueves, informa O Globo. El titular de Hacienda también ha querido mandar un mensaje a los mercados: “Este proyecto no solo busca la justicia tributaria, también está anclado en el equilibrio fiscal”, ha enfatizado. “No aumenta ni disminuye la recaudación”.
Enmarcado en un discurso de justicia tributaria —que los superricos paguen más y los más pobres menos—, el izquierdista Lula pretende que esa sea su principal bandera electoral en la campaña para la reelección el año que viene. El mandatario aspira a un cuarto mandato, que iniciaría con 80 años. Su principal rival, Bolsonaro, acaba de ser condenado a 27 años por un intento de golpe de Estado y está inhabilitado. Las maniobras en el Congreso para aprobar una amnistía o una reforma del Código Penal para acortar las penas a los golpistas se han ralentizado. Mientras, Bolsonaro sigue ejerciendo de jefe de la oposición de derechas desde su casa, en Brasilia, donde está en prisión domiciliaria desde agosto.
La desigualdad tributaria se ha agudizado en los últimos años, según el informe difundido este miércoles por el sindicato de inspectores de Hacienda (Sindifisco). Explican hasta qué punto el sistema se hizo más regresivo entre 2007 y 2023. Basta comparar los tipos medios que pagan los contribuyentes. Los que ganan 320 salarios mínimos al mes vieron que su aportación al impuesto de la renta caía del 6,9% al 4,3%. En cambio, para quien cobra de cinco a 30 salarios mínimos aumentó del 6,3% al 9,8%.
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