El Liberalismo, aunque a menudo es visto como un movimiento que rechaza la intervención estatal, tiene en sus raíces una comprensión más matizada de este papel. Adam Smith, en su obra fundamental “La Riqueza de las Naciones” (1776), no solo abogó por el libre mercado, sino que también destacó funciones importantes para el Estado, como la responsabilidad en la construcción de obras públicas y la promoción de la beneficencia. Estas ideas sentaron las bases de lo que hoy conocemos como el sistema de protección social. Sin embargo, Smith proponía que cualquier intervención estatal debía alinearse con el principio de subsidiariedad, en el que el Estado solo actúa cuando las entidades más cercanas a la comunidad, como las organizaciones locales, no pueden abordar adecuadamente el problema.
La percepción del liberalismo como un defensor del “laisser faire” se ha distorsionado a lo largo del tiempo. Alfred Marshall, en 1907, subrayó que el significado original de esta frase se refería a la libertad de los trabajadores para elegir sus oficios. No obstante, con el tiempo, se convirtió erróneamente en un alegato a favor de la inacción del gobierno, un concepto que Smith criticó, especialmente considerando la corrupción que caracterizaba a las administraciones de su tiempo. Una de las razones que impulsó la Revolución Norteamericana, por ejemplo, fue el decreto del impuesto sobre el té del rey Jorge III, que se impuso sin el consentimiento de las colonias y en un contexto de corrupción desmedida.
Avanzando al siglo XX y en el contexto actual, la crisis del Estado Social se manifiesta en una creciente percepción de que la intervención estatal ha degenerado en intervencionismo. Este último ha superado la intención original de promover una mayor igualdad social. Si la intervención busca equilibrar el poder dentro de la sociedad civil y liberar a los más desfavorecidos de la miseria, su distorsión lleva a una situación donde el Estado se, irónicamente, convierte en el controlador de la libertad individual.
Históricamente, el liberalismo surgió en oposición a la corrupción estatal y, en contraste, el socialismo ha mostrado una tendencia donde el poder estatal ha dominado a la sociedad civil. La intervención del Estado en la producción y distribución de bienes y servicios, aunque puede basarse en intereses legítimos, corre el riesgo de olvidarse de su objetivo original: la promoción de la igualdad social sin sacrificar la libertad.
Por lo tanto, la solución a este dilema radica en encontrar un equilibrio entre el poder estatal y la sociedad civil. Esto exige una reducción del poder del Estado y un aumento del empoderamiento civil, aunque no debe hacerse de manera indiscriminada. La carga de la prueba recae sobre aquellos que abogan por nuevas formas de intervencionismo; deben justificar claramente la necesidad de tales medidas.
De cara al futuro, es esencial recordar que la libertad y la igualdad no son principios en conflicto, sino que deben complementarse. La vigencia del principio de subsidiariedad se convierte en un faro que guía hacia una mayor equidad sin renunciar a la libertad genuina. Así, el camino hacia un Estado más justo y equitativo radica en no perder de vista las lecciones aprendidas del liberalismo original, buscando siempre fortalecer la libertad y la igualdad para todos.
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