Las grandes telecos españolas han puesto en marcha o anunciado en 2021 planes de ajustes de empleo que, en su conjunto, supondrá la reducción de casi 4.000 puestos de trabajo, cerca del 8% del total de las plantillas totales de las operadoras. En los últimos 20 años, las plantillas totales del sector han caído más de un 40%, con una bajada de los ingresos del sector superior al 30% en poco más de una década.
El último movimiento es el protagonizado por Telefónica, que ayer firmó con los sindicatos un nuevo plan social de empleo que incluye un plan de bajas voluntarias (PSI), que supondrá la salida de en torno a 2.700 personas, según la compañía. No obstante, las salidas podrían llegar a 3.000, de un colectivo de posibles solicitantes de 4.532 personas, que cumplen los requerimientos (nacidos en 1967 y años anteriores con 15 años de antigüedad en la compañía).
Con anterioridad, Vodafone España y los sindicatos acordaron un expediente de regulación de empleo (ERE) para un máximo de 442 empleados, un 10% de la plantilla. En la misma línea, en junio, Orange y los sindicatos acordaron un ERE voluntario para cerca de 400 trabajadores, casi el 11% de la plantilla de la teleco que estaba afectada por el plan.
En paralelo, más allá del propio sector de servicios de telecos, Cellnex pactó hace pocos días un expediente de regulación de empleo de carácter voluntario para sus filiales en España, Retevisión, Tradia y On Tower, que afectará a 252 personas, bajo una doble modalidad: prejubilaciones y plan de rentas.
En sentido contrario, algunos de los nuevos operadores han ampliado plantilla en línea con su crecimiento. Entre estas compañías destaca Digi, que en la actualidad cuenta con una plantilla de casi 3.000 personas.
Resultados
Lo cierto es que los ajustes de plantilla de las grandes telecos son una consecuencia del progresivo deterioro de sus cuentas de resultados, derivado, en gran medida, de la fuerte competencia en el sector, y el avance del low cost.
Vodafone, por ejemplo, señaló que su ajuste, vinculado especialmente a áreas comerciales como las tiendas, era una medida estructural para afrontar las desafiantes condiciones del mercado español, y al mismo tiempo impulsar la competitividad y la sostenibilidad del negocio. Orange, a su vez, advirtió en la presentación de su ere que el sector de telecomunicaciones lleva años encadenando pérdidas de ingresos como consecuencia de la hipercompetitividad del mercado y la multiplicidad de actores low cost.
En este sentido, Telefónica también apuntó al empeoramiento de los resultados en la presentación de su plan social de empleo y del plan de bajas. De hecho, en el tercer trimestre del año, el oibda bajó un 8,9%. La teleco señaló que los retos futuros conllevaban la necesidad de afrontar un redimensionamiento acorde a la actividad.
En este escenario, las telecos no han dejado de insistir en la necesidad de que se aprueben cambios regulatorios que permitan afrontar procesos de consolidación ante este empeoramiento de los resultados. Las operadoras, igualmente, recuerdan que, mientras los ingresos caen, deben afrontar fuertes inversiones en el despliegue de nuevas redes como el 5G, que incluye las aportaciones en la compra de espectro. Las tres grandes, por ejemplo, comprometieron conjuntamente cerca de 1.000 millones, en la subasta de julio.
Los sindicatos han sido también muy críticos a lo largo de los últimos años con la regulación europea y española. UGT, por ejemplo, ha criticado en distintas ocasiones el el modelo regulatorio actual, que persigue como único objetivo la reducción de las tarifas a través del fomento de la competencia.
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