¿Gas o sanciones? Los principales clientes europeos de la compañía rusa Gazprom llevan varias semanas al filo de la legalidad para mantener las importaciones de gas ruso sin violar las sanciones impuestas contra Moscú por la Unión Europea. El castigo comunitario prohíbe alimentar las reservas del banco central de Rusia, una sanción que el Kremlin intenta neutralizar obligando a las gasistas europeas a pagar en rublos. Las importadoras han logrado hasta ahora esquivar el impacto de las sanciones gracias al resquicio ofrecido por la Comisión Europea, que considera aceptable abrir una cuenta en rublos siempre y cuando la factura por el hidrocarburo se dé por saldada con el pago en euros.
Hasta ahora, solo dos grandes gasistas europeas —la italiana Eni y la alemana Uniper— han reconocido públicamente que han abierto cuentas en rublos para sus compras de gas ruso, tal y como exigió un decreto ruso publicado el 31 de marzo so pena de cortar el suministro. Pero la agencia Bloomberg ha señalado que una veintena de empresas habrían dado ese paso ante la imposibilidad de encontrar alternativas al gas ruso a precios competitivos. Esas cifras, sin embargo, conviene ponerlas en cuarentena porque la fuente original de la información de la agencia estadounidense es la firma estatal rusa Gazprom.
La Comisión Europea, por su parte, ha asegurado que no tiene constancia de que ninguna compañía europea haya violado las sanciones. El organismo comunitario ha recordado una y otra vez que no está prohibido abrir una cuenta en rublos ni tener relaciones comerciales con Gazprombank, entidad excluida de la lista negra europea precisamente para permitir el pago de las importaciones energéticas. Bruselas solo exige que las gasistas se cercioren de manera fehaciente de que la compañía rusa se da por pagada cuando llega el ingreso en euros y de que no aprovecha para realizar operaciones financieras con el dinero que involucren al banco central.
El delito de incumplir las sanciones
Las compañías europeas extreman el cuidado porque una violación de las sanciones puede entrañar graves consecuencias penales o administrativas, según los países. Este miércoles, la Comisión incluso ha propuesto incluir el incumplimiento de las sanciones en el listado de delitos europeos a los que se puede castigar con duras penas y con la confiscación de bienes. En ese listado figuran delitos como el terrorismo, la trata de personas o el tráfico de armas.
Las gasistas han logrado hasta ahora cuadrar el círculo y mantener el flujo de gas. Eni afirmó en un comunicado que la apertura de dos cuentas en Gazprombank, una en euros y otra en divisa rusa, “cumple el marco internacional de sanciones”. La empresa italiana asegura que ha recibido confirmación por parte de la gasista y de las autoridades rusas de que “la facturación y el pago seguirá siendo en euros”, como fijaban los contratos. Y que la conversión a rublos se hará en 48 horas y sin participación del banco central ruso. Moscú se habría comprometido, según Eni, a que no cortará el suministro si el cambio de divisa se retrasara por algún motivo.
En términos parecidos, aunque sin dar detalles, se ha expresado la alemana Uniper. “Debe ser posible una conversión del pago que cumpla con las sanciones y con el decreto ruso”, señala un portavoz de la gasista. A pesar de todo, sigue habiendo dudas sobre el encaje de la fórmula del cambio de divisa con unas sanciones teóricamente insoslayables.
“Estamos en una zona gris”, señala Federico Santi, analista de la consultora Eurasia, en una reciente nota para clientes. Santi advierte, en línea con lo indicado por la Comisión Europea, de que “dejar la conversión en manos de Gazprombank puede constituir un préstamo de facto y los préstamos al gobierno ruso o a empresas controladas por él están prohibidos por las sanciones de la UE”.
El Gobierno de Vladímir Putin es el primer interesado en que las energéticas europeas se avengan a aceptar sus reglas del juego, tanto por razones económicas —apuntala el rublo— como políticas —le sirve para mostrar disensiones entre los socios europeos—.
Con su exigencia de cobrar en su propia moneda todo el gas que vende al bloque comunitario, Moscú busca tres objetivos: azuzar la división en el seno de la UE, evitar la acumulación de dinero en cuentas denominadas en euros —con el riesgo que eso implica para sus intereses— y sostener la divisa nacional.
La primera meta no la ha conseguido del todo: a pesar de que las gasistas y los países han tomado sendas distintas, hasta ahora nadie ha incumplido, al menos flagrantemente, las sanciones occidentales. Y aunque el cambio en el mecanismo del pago ha provocado tensiones entre los socios europeos —con algunos de ellos, como Polonia, partidarios de no aceptar ninguna fórmula que esquive las sanciones— lo cierto es que la unidad se ha mantenido y su principal amenaza es el embargo al petróleo.
En el terreno económico, Putin ha tenido más éxitos. Sus multimillonarios ingresos por la venta de gas, convertidos al rublo, han revitalizado a la divisa rusa. Tras desplomarse en los primeros compases de la guerra, cabalga hoy en máximos de más de un lustro.
Fuentes comunitarias reconocen, además, que el decreto del 31 de marzo da al Kremlin un instrumento arbitrario que le permitirá cortar el suministro de gas a los países que desee. Gazprom ya cerró el grifo a Polonia y a Bulgaria, por negarse a abrir cuentas en rublos. Y poco después hizo lo propio con Finlandia. Oficialmente, por la misma razón, aunque este tercer corte coincidió con la decisión de Helsinki de solicitar el ingreso en la OTAN.
Salvo en esos tres países, el gas ruso ha seguido fluyendo con relativa normalidad por los ductos que conectan Rusia con la UE. Algunas semanas, de hecho, los bombeos han llegado a ser superiores a los de principios de año, antes del inicio de la guerra. Pero Tanto Bruselas como las principales capitales del bloque son plenamente conscientes de que el proceso de desenganche del combustible procedente de Rusia requiere tiempo; y de que Moscú puede dar un cerrojazo en cualquier momento y a cualquier país.
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