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Las intromisiones del presidente de EE UU, Donald Trump, en la independencia de la Reserva Federal tienen en guardia al resto de bancos centrales del mundo. No ya porque se prevea una oleada de intervencionismo político en la política monetaria sino por el impacto que tendría en la economía global una Fed teledirigida desde la Casa Blanca, un escenario que para la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sería “un peligro muy serio”.
Lagarde ya mostró su apoyo a su homólogo Jerome Powell, foco de la crítica incansable de Donald Trump, en el reciente foro de Jackson Hole, cuando defendió que “la independencia de cualquier banco central es de vital importancia”. Hoy, y de nuevo en respuesta a los medios de comunicación, fuera de los discursos oficiales, Lagarde ha ido un poco más lejos y ha hablado de “peligro” para la economía mundial en un escenario de erosión de la independencia de la Fed.
En una entrevista a la emisora francesa Radio Classique, Christine Lagarde, advirtió este lunes de que si el presidente estadounidense, Donald Trump, tomara el control de la Reserva Federal de EE UU (Fed), a la vista de sus decisiones y declaraciones para conseguirlo, “sería un peligro muy serio para la economía estadounidense y para la economía mundial”. Reconoció que esa toma de control “será difícil” teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo ha dicho que revocar a un gobernador de la Reserva Federal sólo se puede hacer por hechos graves. No obstante, señaló que si eso ocurriera “sería un peligro muy serio para la economía estadounidense y para la economía mundial” porque la política monetaria de la Fed tiene efectos en la estabilidad de precios y en el empleo y “los efectos que eso tendría en el mundo entero serían muy preocupantes”.
Nunca un presidente de EE UU había ido tan lejos como Trump en sus intentos por influir en las decisiones de la Reserva federal. Ansioso por que la Fed recorte los tipos de interés, Trump ya ha amagado en varias ocasiones con despedir a Powell, amenazas tras las que ha reculado después, aunque sí ha anunciado el despido de la gobernadora Lisa Cook, en una decisión sin precedentes. Cook, nombrada para la Junta de Gobernadores de la Fed por Joe Biden y con un mandato que dura hasta 2038, ha denunciado a Trump por un despido que considera carece de base legal. De hecho, el Tribunal Supremo de EE UU dictaminó en mayo que reconoció que “la Reserva Federal es una entidad cuasi privada con una estructura única” después de que Trump ya haya despedido sin temblarle el pulso a varios altos cargos de agencias federales independientes. Eso concede un blindaje legal a Powell y al resto de gobernadores, que solo podrían ser despedidos con una causa justificada. Es decir, debería existir una conducta indebida, negligencia, incapacidad o mala praxis, aunque estos conceptos no están claramente definidos en la legislación. Serán ahora los tribunales los que dictaminen si el despido de Cook se ajusta o no a esas razones, en lo que apunta a ser una disputa legal histórica.
Preguntada sobre si estima que Estados Unidos sigue siendo un Estado de derecho, Lagarde -que tiene una larga experiencia profesional en ese país- respondió que sí, a condición de que se respete al Tribunal Supremo y se cumplan sus decisiones. Pero añadió que si esa instancia judicial es objeto de presiones “estoy muy preocupada por el Estado de derecho”.
En otra de las intervenciones más explícitas desde el ámbito de los bancos centrales, el finlandés Olli Rehn, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, también advirtió la semana pasada de que la erosión de la independencia de la Fed conduce a más inflación. “Si la independencia del banco central se viera realmente mermada y la Reserva Federal de EE UU comenzara a tomar decisiones basándose en criterios distintos a los principios de una política monetaria sólida —por ejemplo, porque el presidente exige tipos de interés más bajos—, la consecuencia inevitable sería un repunte de la inflación”, aseguró Rehn este jueves.
Crisis política en Francia
La presidenta del BCE también se ha pronunciado sobre la actual crisis política de Francia. El primer ministro François Bayrou se someterá el próximo 8 de septiembre a una moción de confianza para sacara delante unos presupuestos para 2026 que incluyen un ajuste de cerca de 44.000 millones para reducir el elevado déficit público del país. El riesgo de que fracase en su búsqueda de apoyo político ha disparado la prima de riesgo francesa y amenaza con una nueva crisis de gobierno en Francia. Lagarde ha defendido que el sistema bancario galo no está en el origen de esta crisis, porque “está bien capitalizado, bien estructurado, bien supervisado”, si bien sus cotizaciones han caído con fuerza en paralelo al aumento del riesgo soberano.
Preguntada sobre si es dramática la situación de la deuda en Francia, que está en el centro de la más que probable caída del Gobierno del centrista François Bayrou la semana próxima, su respuesta fue que “para todos los países de la zona euro es absolutamente capital tener una deuda viable, una deuda sostenible”.
Lagarde añadió que la sostenibilidad significa que el volumen de la deuda debe disminuir y cumplir con las reglas. “Desde ese punto de vista, es evidentemente determinante cumplir las reglas que se han acordado y aceptado por todos los socios, y en consecuencia tener una trayectoria de deuda que en primer lugar se estabilice y a más largo plazo vuelva a los niveles que se han convenido”.
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