Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE analizarán este lunes las consecuencias del reciente viaje a Rusia de Josep Borrell, el Alto Representante de Política Exterior de la UE. Borrell reclamó en Moscú la liberación del opositor Alexéi Navalni, pero el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, rechazó con cajas destempladas la petición europea. Los 27 socios comunitarios sopesan ahora la imposición de nuevas sanciones contra el régimen de Vladímir Putin, aunque Berlín y París se resisten a cualquier medida drástica que pueda desencadenar una ruptura de un diálogo con Moscú que consideran imprescindible.
La Unión se plantea esgrimir por primera vez el régimen de sanciones individuales por violación de derechos humanos aprobado el pasado mes de diciembre. La activación de ese mecanismo, que requiere la unanimidad de los 27 socios de la UE, permite congelar los bienes y prohibir la entrada en territorio comunitario a las personas directamente implicadas en una violación de los derechos humanos sin necesidad de establecer un régimen de sanciones contra su país de origen.
Bruselas estudia seleccionar a algunas autoridades rusas implicadas en el encarcelamiento de Navalni y en la represión de las manifestaciones que reclamaban la libertad del opositor. Para intentar diluir el impacto político del castigo en Moscú, la UE estudia también la posibilidad de aplicar el mismo mecanismo a individuos de otros países, como vía de no señalar solo hacia Rusia. Sobre la mesa de los ministros de Exteriores figuran en concreto la represión en marcha tras el golpe de Estado en Myammar o el deterioro de las libertades civiles en Hong Kong.
Las nuevas sanciones a Rusia se unirían a las ya vigentes por su ataque a la integridad de Ucrania (177 personas y 48 entidades sancionadas), a las restricciones económicas por la invasión de Crimea y la ciudad de Sebastopol; las adoptadas tras varios ciberataques sufridos por Europa en 2018; o las impuestas por los ataques químicos contra Serguéi Skripal y Alexéi Navalni.
La UE estrenó con Rusia sus regímenes de sanciones por ciberataques y por ataques químicos. Y ahora estudia hacer lo mismo con el de derechos humanos. Pero el debate entre los ministros europeos se anuncia esta vez más caldeado y trascendental que nunca porque la fracasada misión de Borrell a Moscú obliga a la Unión a replantearse su relación con el régimen de Putin más allá del caso concreto del opositor Navalni.
El grupo de países partidario de la mano dura, encabezado por Polonia, considera que el desplante de Lavrov a Borrell avala su petición de nuevas sanciones. Pero Alemania y Francia piden un castigo que no ponga en peligro la continuidad de las relaciones con Rusia, una posición secundada por España e Italia.
La mano dura contra Rusia también tiene eco en la OTAN, organización que se mantiene vigilante ante los escarceos militares que se suceden desde 2014 en la zona fronteriza entre los aliados europeos y Rusia. La Alianza desconfía del país de Putin a pesar de su menguante economía (su PIB ha caído un 25% en los últimos seis años y es menos de la mitad del de Alemania) y de sus propias dificultades políticas internas.
“Es cierto que Rusia es una potencia emergente y que su PIB no es grande en comparación con otras economías, pero es una potencia nuclear, con un gran arsenal nuclear y han invertido muchísimo en nuevas y modernas capacidades militares”, señala el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante un encuentro el pasado viernes con un reducido grupo de medios internacionales, entre ellos, informacion.center. El líder de la OTAN añade que Rusia, además, “ha demostrado su voluntad de utilizar la fuerza contra los vecinos, sea en Ucrania, Georgia u otros lugares”.
Pero Berlín y París interpretan el vapuleo de Lavrov a Borrell como parte de la estrategia de Moscú para ningunear a Bruselas y seguir relacionándose a nivel bilateral con cada una de las 27 capitales de la UE. Pero no consideran que sea una señal definitiva de ruptura y ni siquiera de alejamiento, como interpretó Borrell a su regreso de Moscú.
“Representantes de Gobiernos nacionales han estado recientemente en Moscú y han recibido un trato muy diferente al del Alto Representante”, apunta una fuente diplomática. La misma fuente señala que Rusia se resiste a negociar en el marco europeo, entre otras cosas, porque a nivel bilateral su poderío es potencialmente mayor. Rusia, con 144 millones de habitantes, casi dobla la población de Alemania, el mayor socio de la UE. Pero es un tercio de la población de la UE (450 millones de habitantes).
A su regreso de Moscú, Borrell lanzó ataques furibundos contra el Gobierno de Putin al que acusó de “estar alejándose de Europa” y de “seguir una ruta autoritaria”. El Alto Representante aseguró ante el Parlamento Europeo que él mismo ejercería su derecho de iniciativa para proponer nuevas sanciones contra Rusia.
Los grandes países de la Unión sospechan que Borrell se ha ido de un extremo a otro. Y ha pasado de viajar a Moscú en busca de un entendimiento que permitiese superar el conflicto iniciado en 2014 con la ocupación de Crimea a reclamar un castigo ejemplarizante por el caso Navalni que, en principio, ni siquiera figuraba en la agenda prioritaria de su visita.
Francia, en cambio, mantiene a pesar de todo su intención de tender lazos hacia Moscú que permitan pasar la página de seis años de sanciones y disputas. El presidente francés, Emmanuel Macron, según indicó la semana pasada en una entrevista con Financial Times, cree que la relación Occidente con Rusia es como “si siguiéramos luchando contra una ideología [comunista] o una organización [la URSS] que ya no existe, con una lógica geopolítica que ya no existe y que continúa fracturando Europa”.
La misma actitud impera en Berlín, donde el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, recordó hace unos días la deuda histórica de su país con Rusia en relación con la invasión nazi. Steinmeier justificaba así la construcción del segundo gasoducto que unirá Rusia con Alemania por el mar Báltico, una infraestructura rechazada por la mayor parte de los socios europeos porque aumentará la dependencia del gas ruso. La venta de hidrocarburos, argumenta Steinmeier, “es uno de los últimos puentes entre Rusia y Europa (…) Creo que quemar puentes no es un síntoma de fortaleza”.
La prioridad en Berlín y París es evitar que un portazo europeo empuje a Moscú a estrechar lazos con China, país que se ve como la auténtica potencia emergente del siglo XXI. Fuentes diplomáticas europeas apuntan que “Rusia no quiere seguir esa deriva, porque se convertiría en el socio menor de Pekín”. Y apuestan por mantener anclado a Occidente al gigantesco país euroasiático a pesar de la continua agresividad de Putin.
Ante las dudas de Berlín y París, Borrell ha aparcado de momento su intención de plantear personalmente las sanciones y dejará que sean los socios del Este los que lleven la iniciativa. La imposición de nuevas sanciones parece inevitable. Pero el alcance e impacto del castigo permitirá medir si se impone la vía franco-alemana del diálogo a cualquier precio o la del regreso a una tensión de guerra fría que parecía superada.
Bruselas sancionará a decenas de autoridades venezolanas por las elecciones legislativas
La Unión Europea tiene previsto ampliar este lunes las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro como castigo por las elecciones celebradas el pasado 6 de diciembre, consideradas por Bruselas como contrarias a los estándares internacionales sobre pluralismo y libertad para los grupos de oposición. La UE añadirá varias decenas de autoridades venezolanas al listado de 36 personas que tienen prohibida su entrada en los 27 Estados miembros y cuyos bienes en territorio comunitario deben ser congelados. La medida se suma al embargo en la venta de armas y de material represivo adoptado en 2017 y que en noviembre de 2020 fue renovado por otros 12 meses.
La presión sobre el régimen de Maduro llega tras el fallido intento de la UE de retrasar las elecciones del año pasado para la Asamblea Nacional. El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, intentó convencer a Caracas de la conveniencia de aplazar los comicios para facilitar la participación de los grupos opositores y propiciar así el reconocimiento internacional del resultado. Pero Maduro siguió adelante con el proceso electoral y se proclamó vencedor con el 67,6% de los votos, aunque con casi un 70% de abstención y acusaciones de fraude por parte de una oposición que se negó a participar.
La comunidad internacional, con EE UU y la UE al frente, se ha negado a reconocer el resultado. Pero la disolución de la anterior Asamblea, elegida en 2015, ha dejado en una situación comprometida a los países europeos que, a rebufo de Donald Trump, habían reconocido al líder del órgano legislativo, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. La UE ya ha retirado ese tratamiento a Guaidó y le considera solo un miembro destacado de la oposición, al tiempo que se resigna a canalizar sus relaciones con Venezuela a través del régimen de Maduro. Bruselas reclama a Caracas, sin éxito hasta ahora, la puesta en marcha de un proceso de transición que busque “una solución pacífica, inclusiva y sostenible a la crisis política”, como paso previo para “unas elecciones presidenciales y legislativas que sean inclusivas y transparentes”.
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